Son mujeres con denominadores comunes: la injusticia y la tortura. Zhu, Qu, Wang y Xue quieren sacar de la oscuridad sus historias de vejación denunciándolas, tras saberse que el gobierno de Xi Jinping tiene proyectado clausurar los campos de reeducación.

Zhu Guiqin tiene 50 años y ya no le crece el pelo. Es una de las huellas que le dejaron los golpes con porras eléctricas que recibió durante años en un campo de reeducación, las cárceles extrajudiciales que el gobierno chino ha anunciado que abolirá. Un logro para Zhu, aunque no el final de su lucha: “La tortura en China no acabará ahí”, asevera.

Habla con la mirada perdida, y no consigue explicar su historia sin dar saltos en el tiempo, pero no le falta ningún detalle cuando rememora los 13 días que permaneció atada con los brazos en un ángulo de 90 grados, o el medio año que vivió encerrada en una minúscula habitación, en la más absoluta oscuridad, y que olía a orines. Los suyos: el cubículo también era su letrina.

A LA CÁRCEL SIN JUICIO PREVIO

Su delito fue tratar de ayudar a su hermano. Desesperado, él pidió un adelanto económico a su jefe, y éste lo consideró una ofensa y le denunció ante la policía. Aún no saben de qué le acusó, pero el trabajador fue enviado a un campo de reeducación, y Zhu, su hermana, comenzó a buscar respuestas.

Ella también terminó en una de estas cárceles donde las autoridades pueden encerrar a cualquier ciudadano sin pasar por juicio, y privarle del derecho a la libertad hasta por cuatro años.

Por hablar con un periodista japonés, a Zhu le cayeron tres años en Masanjia, el campo de reeducación femenino de la provincia de Liaoning (noreste) conocido en el país por las graves torturas que allí se han cometido, y uno en Pekín, donde la tortura también estaba a la orden del día.

A base de golpes, le despojaron del miedo. “Estoy aquí para que el mundo conozca nuestra historia, que sepa los casos de las mujeres que han sido maltratadas en este campo”, cuenta a Efe Zhu, junto a otras cinco compañeras más que la acompañan a hablar con un medio extranjero, dejando atrás la clandestinidad, cansadas de las injusticias y en busca de “algo mejor” para las futuras generaciones.

Por turnos que respetan con la mejor educación, cada una narra su historia sin escatimar en detalles y fechas, deseosas de que alguien las escuche, después de que les hayan dado la espalda tantas veces, en ocasiones hasta en su propio hogar.

Pero ello no les quita la sonrisa cuando se relajan, si bien el llanto, que se contagian las unas a las otras, vuelve a aparecer cuando comienzan a hablar de la época “en el campo”, en el que algunas de ellas coincidieron.

Sus crímenes pueden ser “los de cualquiera”, explican, desde protestar por un desahucio ilegal hasta reclamar una compensación por una negligencia médica o un aborto forzoso a los siete meses de embarazo.

Para Qu Meiyui, campesina de 54 años, la tragedia comenzó con un accidente laboral. “El techo se le vino abajo a mi marido. Era minero, y se quedó ciego”, relata, apoyada sobre la muleta que siempre le acompaña para poder moverse después de las palizas que recibió en el campo de reeducación y que le provocaron una irreversible cojera.

Hartos de esperar una compensación que nunca llegó, Qu y su marido se dirigieron a la capital china, después de reclamar ante las autoridades locales y provinciales, y no obtener respuesta. “Fuimos a Tiananmen a buscar a los líderes. A entregarles una carta explicando nuestra situación”, cuenta Qu, madre de dos hijos que también han sufrido las consecuencias del “desafío” de la campesina a las autoridades. A su hija la echaron de su puesto de trabajo, y la novia de su hijo le abandonó “por miedo”.

Su viaje a Pekín fue el inicio de esta tortura, aunque ya habían sido detenidos en diversas ocasiones por “alterar el orden social” durante algunos días. Pero nunca lanzados al vacío de los “campos”. Hasta Tiananmen.

LA COMIDA, MONEDA DE CHANTAJE

Por suerte, cuenta Qu, el marido fue trasladado a un centro de ancianos. Ella recibió la peor parte: más de un año de torturas físicas y psicológicas. Las mujeres policía que les vigilaban le aseguraron que su marido había muerto y le prometieron que por 200.000 yuanes (unos 24.000 euros, 32.000 dólares) le solucionarían la vida.  

Ella se negó al chantaje, y ellas le negaron la comida. Durante meses, y para no dejarle morir, le alimentaron vía intravenosa.

Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, las mujeres de Masanjia vivían bajo la amenaza constante de la tortura, tratando de hacer su trabajo “bien” –coser ropa para la policía y otras autoridades- para poder tener 15 minutos en los que comer arroz amarillento y pan duro, en el mejor de los casos.

Cualquiera de los “castigos” que reviven es estremecedor. Como cuando Wang, de 56 años, tuvo que sobrevivir a una operación sin anestesia y en condiciones “insalubres”, en la que el médico, para torturarle, le dejó en 2008 un algodón metido en el cuello que aún hoy lleva.

“Quiero quitármelo delante de una organización de derechos humanos para mostrar el lado oscuro de China”, asegura Wang, enseñando el bulto que le sobresale de su cuerpo y que le dejó el profesional “por venganza” ante sus quejas durante la operación.

Esa es oscuridad es a la que quieren arrojar luz con sus denuncias, que se producen poco después de que el gobierno de Xi Jinping anunciara el cierre de los campos de reeducación, algo que podría suceder este mismo año, en el que ya no se permiten “nuevas entradas”, según ha podido saber Efe.

“Es un progreso, pero aún queda mucho camino oscuro en nuestro país. Mucha corrupción”, defiende Xue Ling, una mujer de 54 años que salió de Masanjia este septiembre, y que también sufrió los golpes de las porras eléctricas, “incluso en la vagina”.

Xue, a quien extirparon parte del ovario por error, asegura que el problema radica en el abuso de poder que cometen las autoridades locales. “Ahora, ellas, buscarán otras maneras de mantener la estabilidad social”, advierte; a espaldas o no de Pekín, "como de costumbre".

Organizaciones de derechos humanos y abogados del país alertan ya en esa dirección. Y ponen el foco en los llamados sistemas de corrección por barrios, un método antiguo que el Gobierno ahora quiere mejorar, y que, en el papel, pretende “readaptar a la sociedad” a ciudadanos que han cometido delitos menores sin necesidad de pasar por prisión.

“Puede derivar en más ilegalidades, forzar a gente a que permanezca semidetenida sin pasar por juicio”, advierte el letrado Ding Xikui, cercano a la familia del premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, encarcelado desde 2009.

CÁRCELES NEGRAS

El propio viceministro de Justicia, Zhao Dacheng, rechazó hace unas semanas que los correccionales vayan a sustituir a los campos de reeducación.

“Son cosas distintas”, señaló frente a periodistas a los que, sin embargo, no les supo contestar qué harán con la gente que, hasta ahora, mandaban a estas cárceles, desde drogadictos, peticionarios –como las mujeres de Masanjia-, disidentes políticos como miembros de Falun Gong, hasta activistas o prostitutas.

Precisamente, la falta de concreción es lo que inspira las dudas, mientras va apareciendo información que, según expertos, abre la puerta a nuevos atropellos.

“Los medios chinos ya han confirmado que muchos campos en el sur se han transformado en centros para drogadictos”, comenta Maya Wang, investigadora de Human Rights Watch en China. El problema de ello, explica, es que se podrá seguir “encerrando” en estos centros a cualquiera por una supuesta drogodependencia.

“Cualquier excusa les sirve, pero el momento es clave”, explican las mujeres de Masanjia, quienes son encerradas temporalmente en las llamadas “cárceles negras” cada vez que el Partido celebra una importante reunión en la capital.

“No son como los campos -explica Zhu- pero es parte de la oscuridad de nuestro país, de la que no se habla".