Aunque la mayor parte de los niños que trabajan estén en el campo, miles de niñas y niños son explotados en otros sectores de alto riesgo como minería, basureros, trabajo doméstico, fabricación de fuegos artificiales y pesca, según la OIT y el Departamento de Trabajo de EEUU.
Universia Knowledge Wharton. El gobierno de Bolivia aprobó en julio una ley que autoriza el trabajo de niños de diez años de edad, con tal de que no interfiera con su educación. La noticia fue duramente criticada por los grupos de derechos humanos, ya que Bolivia es firmante de la convención de las Naciones Unidas que establece en 14 años la edad mínima para el trabajo infantil. La medida sancionada en Bolivia llega en un momento en que la lucha conmovedora de miles de niños centroamericanos que atraviesan ilegalmente la frontera de EE.UU. acapara titulares y deja claros los desafíos que enfrentan millones de niños en los países de baja renta de América Latina y de otras regiones.
¿Qué tipos de presiones económicas y sociales llevan a los países a permitir que sus jóvenes trabajen en actividades fatigantes y, a veces, peligrosas? ¿Cuáles son las principales directrices internacionales sobre explotación del trabajo infantil que los gobiernos de América Latina se comprometieron a respetar? ¿Cuál es el impacto de la propagación del trabajo infantil en el crecimiento económico y en la prosperidad a largo plazo de esos países donde es tan común? ¿Qué programas y proyectos han sido puestos en práctica por la Organización Internacional del Trabajo y por los estados soberanos para desincentivar el trabajo que explota la mano de obra infantil?
“Niños con menos de 18 años no deberían manejar máquinas de cortar”. Aunque la mayor parte de los niños que trabajan estén en el campo, miles de niñas y niños son explotados en otros sectores de alto riesgo como minería, basureros, trabajo doméstico, fabricación de fuegos artificiales y pesca, según la OIT y el Departamento de Trabajo de EEUU. Muchos son obligados a la práctica de actividades ilegales por bandas de traficantes y llevados a la prostitución.
Janice Bellace, presidente del Departamento de Estudios Jurídicos y de Ética en los Negocios de Wharton, explica que hay dos convenciones de la OIT referentes al trabajo infantil: C. 138 y C. 182. El concepto detrás de la C. 138, que estipula la Edad Mínima de Trabajo, dice que “una persona con menos de 18 años no es totalmente capaz de consentir trabajar como soldado, prostituta”, etc. Esa convención no excluye todas las categorías de servicio en la agricultura. Por el contrario, Bellace añade que “algunos tipos de trabajos en el campo pueden ser peligrosos. No es un trabajo bucólico. En especial, individuos de menos de 18 años no deberían manejar máquinas de cortar”.
La C. 138, una convención más compleja, “es, por norma, la más importante” de las dos, observa Bellace, en parte porque la C. 138 “toma en cuenta el nivel de desarrollo económico del país. Ella considera también el tipo de trabajo (regular versus lo que es llamado trabajo “suave”), así como el número de horas semanales que el niño trabaja, y si sus actividades ocurren durante el periodo escolar, o no”. En general, la C. 138 es bastante pragmática, explica Bellace.
Cuando es ratificada por un país, el Gobierno se compromete a adoptar “medidas graduales” para mejorar la situación. Pero “nadie espera que la situación cambie de la noche a la mañana, en parte porque el uso extendido de niños ocurre debido a la pobreza y el bajo desarrollo económico”.
Por el contrario, la C. 182, que trata las Peores Formas de Trabajo Infantil, se aplica a actividades que son física y moralmente peligrosas para niños de menos de 18 años. En varios países de la región, las peores formas de trabajo infantil -explotación del comercio sexual, tráfico de mano de obra infantil, uso de niños en conflictos armados y tráfico de drogas, entre otros- constituyen desafíos especiales porque son actividades criminales muy bien escondidas y difíciles de abordar.
Bolivia es uno de los países más problemáticos en lo que concierne a la implantación de la C. 138, dado que su sector informal representa 75% de todos los puestos de trabajo del país. Según la OIT, otros países donde más de 2/3 del total de la mano de obra se encuentra en la informalidad incluyen El Salvador, Honduras y Nicaragua. Con tanta contratación “por debajo de la mesa”, es imposible calcular la extensión total de las violaciones del código de la OIT. Los datos oficiales de la mano de obra tienen registros a partir de 15 años de edad, por lo tanto aquellos niños que trabajan en la economía informal “son muchas veces omitidos”, observa Bellace. “Ya que es ilegal, no se notifica. ¿Por lo tanto, cómo se puede comprobar si se producen avances? Es un conjunto de datos, o un desafío a la estimación, muy interesante”.
Exposición a sustancias tóxicas, machetes y cuchillos afilados. Según el Departamento de Trabajo de EE.UU., diversos factores son responsables de la persistencia del trabajo infantil en América Central. De entre esos factores están la pobreza endémica, lo que hace a las familias muy vulnerables a cualquier crisis económica; la ausencia de leyes más severas contra el abuso laboral; la fragilidad de las instituciones encargadas de esas leyes; y el acceso limitado, o no existente, a oportunidades educativas. Según un estudio del Departamento del Trabajo de los EE.UU., los niños que trabajan en la producción de café en El Salvador, por ejemplo, fueron “expuestos a las inclemencias del tiempo, sustancias tóxicas, jornadas laborales largas y heridas ocasionadas por machetes y cuchillos afilados”. Esos niños trabajan en el corte, en la plantación y en la cosecha de cultivos, además de llevar cargas pesadas. Según el Censo del Registro Escolar de 2011 del Salvador, 8.217 niños del país trabajaron en los cultivos de caña de azúcar y de café. Ese mismo año, se constató que 485 niños trabajaban en fábricas de fuegos artificiales y en la recogida de basura. El estudio señaló que “los niños que trabajaban con fuegos artificiales corrían el riesgo de perder miembros y estaban sujetos a quemaduras, mientras los niños que trabajaban en la recogida de basura estaban expuestos a la basura hospitalaria y las enfermedades gastrointestinales, pinchazos de insectos y abuso físico”. El informe añadía: “Los niños también son reclutados por las pandillas para realizar actividades ilícitas relacionadas con las armas y el comercio de drogas [...]
Según el gobierno de El Salvador, cerca de 30% de los miembros de las pandillas son niños. Entre enero y octubre de 2012, 41 niños en edad escolar fallecieron por la violencia de las pandillas. El acceso de los niños a la educación se ve obstaculizado por el coste del material escolar y por las largas distancias hasta la escuela. En algunos casos, las niñas no van a la escuela porque tienen que cuidar de los niños menores cuando sus madres salen a trabajar. El gobierno dijo que la violencia de las pandillas y el reclutamiento de niños que hacen dificultan la asistencia a la escuela”.
En Guatemala, condiciones semejantes persisten a pesar de la introducción de políticas enfocadas en esas cuestiones. En un informe de 2013 para la Asamblea General de las Naciones Unidas, Najat Maala M’jid, médica de Marruecos, dijo que el Gobierno de Guatemala “creó leyes, políticas e instituciones adecuadas, además de movilizar un volumen considerable de energía y recursos con el propósito de proteger a los niños impidiéndoles que sean vendidos, prostituidos y sometidos a la pornografía, asegurándoles sus derechos en general. Pero el Gobierno está teniendo dificultades para que el impacto de eso sobre la vida de niños indefensos sea eficiente y duradero debido a la extensión desconocida del volumen de ventas de niños, de la prostitución y pornografía infantiles, de la proliferación de instituciones que cuidan de sólo algunos aspectos de esos fenómenos y de la frágil interacción entre ellos. Las políticas de derechos de los niños en vigor tienen poca coherencia, faltan recursos adecuados, indicadores de duración limitada, además de seguimiento y evaluación sistemáticos”.
Mentalidad cortoplacista detrás de la contratación de niños. “Bolivia está retrocediendo”, lamenta Bellace. “Es difícil imaginar que un niño continuará frecuentando la escuela si ese mismo niño tiene que trabajar a tiempo completo. La ley del país dice que el niño trabajará bajo la supervisión de uno de los padres. Eso raramente sucede [...] Para la mayor parte de las culturas, los niños pre púberes son simplemente demasiado jóvenes para trabajar, en la medida que les falta discernimiento, así como el grado de atención necesario. Los niños en esa edad que trabajan todo el día probablemente se distraen, se cansan y sufren accidentes. Además de eso, es imposible creer que el niño esté de acuerdo con eso. El padre o la madre dice al niño que trabaje [...] Se trata, sin lugar a dudas, de familias pobres. Sin embargo, el ciclo de la pobreza no se romperá a menos que ellas tengan acceso a la educación básica”.
La lógica cortoplacista detrás del permiso concedido al trabajo infantil -en lugar de que el niño permanezca más tiempo en la escuela- no es difícil de entender. Barbara Kotschwar, investigadora bursátil del Instituto Peterson de Economía Internacional, dice que muchas familias de baja renta creen que no pueden darse al lujo de no permitir que sus hijos tengan un salario tan pronto como tengan edad suficiente para hacer algún tipo de actividad, no importa cuáles sean las consecuencias de eso a largo plazo para el poder adquisitivo de esos niños. “Esas personas son particularmente vulnerables a cualquier turbulencia de la economía del país”, dice ella. Pero Kotschwar añade que lo que está sucediendo en Bolivia dejará al país muy poco preparado para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuya meta es garantizar, en 2015, que los niños de todo el mundo puedan completar el curso de educación primaria. Según las Naciones Unidas, el número de matriculados en primaria en las regiones en desarrollo llegó a 90% en 2010, frente a 82% en 1999. Pero 57 millones de niños en edad de cursar la enseñanza básica estaban fuera de la escuela en 2011.
Bellace observa: “Es decepcionante ver que el gobierno boliviano legalizó una política que no pone en práctica medidas progresivas para la mejora de esa situación. Otros países de América del Sur lo hicieron. Es el caso de Brasil, que introdujo varias políticas, siendo una de ellas particularmente exitosa”. Los programas de transferencia de renta, que proporcionan ayuda financiera a los padres para incentivarlos a mantener a sus hijos en la escuela, son cada vez más comunes. Según la Eclac, agencia económica de América Latina y del Caribe, los programas dirigidos a familias muy pobres son Familias en Acción, en Colombia, el Programa de Asignación de Fondos Familiar (PRAF), en Honduras, y el programa Tekoporâ, en Paraguay. Otros programas, como la Bolsa Familia en Brasil y el Bono de Desarrollo Humano, en Ecuador, incluyen pobres, pero no los indigentes de sus poblaciones objetivo, además de los muy pobres, según datos de la Eclac.
Aunque tales programas concedan a los padres incentivos económicos para que mantengan a sus hijos en la escuela, aumentando así el nivel medio de la educación de la fuerza laboral de la población objetivo, ellos han sido criticados “porque no abordaban la calidad de la educación”, observa Kotschwar. En algunos casos, los profesores no acuden al aula; en otros, no son adecuadamente preparados para enseñar su curso. O tal vez el curso esté enfocado en habilidades que no coinciden con las necesidades actuales del mercado laboral. Pero los directores de los programas dicen que, de media, los niños están quedándose más tiempo en la escuela.
Los economistas coinciden en señalar que Bolivia y el resto de países homólogos de América Central jamás saldrán de la pobreza, a menos que las futuras generaciones de trabajadores sean dotadas de habilidades y conocimientos comparables a los de los trabajadores de las economías más avanzadas. Hubo algún avance en las últimas décadas, pero no el suficiente. Según la Oficina de Informe de Desarrollo Humano del Banco Mundial, los guatemaltecos de 25 años o más pasaron, de media, de menos de dos años de asistencia a la enseñanza primaria, en 1980, a casi cuatro años en 2007. En Nicaragua, esos números mejoraron pasando de casi tres años (1980) a más de cinco años en 2007. En Honduras, subieron de cerca de 3,7 años (1980) a seis años (2007). En El Salvador, de cerca de tres años (1980) a cerca de siete años. Incluso en Costa Rica, el país más rico y con nivel educativo más elevado de América Central, el adulto medio completó sólo cerca de ocho años de escolaridad en 2007.
“El problema real es el desarrollo económico”, dice Bellace. “Cualquier país que tenga índices elevados de trabajo infantil tiene también niveles elevados de desempleo adulto. Por lo tanto, ¿por qué emplear niños si hay adultos desempleados? Porque la mano de obra infantil es más barata; su salario es mucho menor. ¿Habrá un gobierno que prefiera ver a sus niños trabajando a cambio de salarios bajísimos mientras sus padres están desempleados? ¿Sería esa una estrategia de progreso económico? Está claro que no. Los tigres asiáticos hicieron de la educación su prioridad, y hay en esos países niveles muy bajos de trabajo infantil. Algunos países de América Central y del Sur deberían tomar en cuenta el ejemplo de Singapur, de Corea y de otros. Lo peor de todo es que un niño de diez años que trabaja es un niño que jamás será capaz de conseguir un empleo, ni siquiera uno que no exija muchas habilidades, aunque viva hasta los 80 años. Serán pobres toda la vida, y es probable que sus hijos lo sean también. Vivirán toda la vida en el atraso debido a la inexistencia de una política que los mantenga en la escuela hasta los 14 años. Mejorar la salud es importante, y esa es la preocupación principal en África. Pero prestar atención a la educación básica es igualmente fundamental”.
Herramientas para atender las necesidades colectivas. ¿Qué pueden hacer las empresas multinacionales para lidiar con las prácticas abusivas de trabajo infantil y desincentivarlas en sus cadenas globales de abastecimiento? La Oficina de Asuntos Internacionales del Trabajo (ILAB) del Departamento del Trabajo de EE.UU., preparó un “conjunto de herramientas” para poner en práctica lo que describe como un sistema de conformidad social amplia y transparente. Trabajadores del ILAB explican que el conjunto de herramientas puede ayudar a las empresas que aún no han adoptado un sistema, así como aquellas cuyos sistemas existentes tal vez necesiten refuerzo, sobre todo en áreas en que haya trabajo infantil y trabajo forzado.
El ILAB monitoriza de forma regular las prácticas de trabajo infantil en los países de América Central y del Caribe, con excepción de Cuba, recolectando y evaluando informaciones de una amplia gama de fuentes, inclusive de gobiernos centrales, organizaciones no gubernamentales y del sector privado. Un empleado de la agencia observa que, aunque no tenga autoridad para poner en vigor leyes extranjeras que reflejen las convenciones de la OIT sobre trabajo infantil, el ILAB puede compartir informaciones con la Fiscalización Aduanera y de Inmigración de EE.UU. (ICE), el principal brazo de investigación del Departamento de Seguridad de la Patria de EE.UU., que tiene autoridad para vetar embarques de empresas no signatarias antes de que crucen la frontera de EE.UU. Además de eso, en una era en que la Responsabilidad Social Corporativa se ha convertido en un mantra para numerosas empresas globales, algunas de ellas podrán ver su reputación dañada si se descubriera que ellas, o que sus proveedores en el exterior, dejaron de cumplir las normas de la OIT referentes al trabajo infantil.
