Con herramientas nuevas como los presupuestos participativos, las ciudades de la región buscan soluciones propias a problemas comunes. Pero no siempre pueden escapar a la lógica nacional.

Al revés de la famosa frase sobre las familias, todas las ciudades infelices se parecen y todas las ciudades felices también, a su manera. Quizás por ello no hay demasiadas ciudades “felices” en Latinoamérica: construidas, segmentadas y dirigidas siempre con imposiciones desde lo alto –sean teorías urbanas, imitaciones de la metrópolis de turno de otros continentes o intereses inmobiliarios de corto plazo–, los ciudadanos de a pie sólo votan alcaldías, normalmente asociadas a una disputa política nacional.

¿Cómo resolverlo?. Una tentación es apostar a más de lo mismo: imitación acrítica de modelos ajenos y soluciones tecnocráticas bien intencionadas. Un camino más arduo supone incrementar la participación, para que haya la percepción de un mayor protagonismo a la hora de decidir sobre proyectos y soluciones. Aun así, el éxito no está asegurado: con cuotas de pobreza que oscilan entre el 30% al 50% en demasiadas ciudades relevantes, hasta las mejores soluciones urbanas más felices caminan por la cornisa de la desigualdad.

Presupuestos participativos. A los skaters de la ciudad argentina de Rosario les gustan las cornisas, las de metal y concreto. Y si hay una ciudad argentina donde –gracias al boom inmobiliario– el concreto se ha multiplicado, es ésta. Hace años buscaban infructuosamente que el municipio crease un lugar especial para ellos. Pero una urbe que todavía recibe migrantes de lejanas provincias pobres no tenía entre sus prioridades crear un skatepark. Hasta que los jóvenes descubrieron la existencia del Presupuesto Participativo. “Los chicos presentaron el proyecto e hicieron todos los trámites”, dice la arquitecta Alejandra Monti, que ha trabajado en proyectos de planificación urbana de la ciudad. Y aunque no lograron los fondos, gracias a la publicidad que obtuvieron por organizarse, “hoy la plata la va a poner una empresa privada y el municipio va a donar un espacio para la construcción”.

El Presupuesto Participativo es una de las cosas que han comenzado a darle a la otrora “Chicago argentina” un plus sobre muchas de sus hermanas nacionales. El modelo consiste en subdividir el municipio en distritos, cada uno con su propio director de desarrollo urbano, que tiene como responsabilidad un plan específico. Así, “la gente vota los proyectos de su distrito: desde un semáforo a un pavimento”, explica la profesional, que aclara que la parte del presupuesto sometida a deliberación es mínima, “pero democratizó un poco estas cuestiones”. Esto ha permitido pasar de la queja a una posición de lanzar soluciones.

Para Emilio Maisonnave, también arquitecto rosarino y coordinador de un programa de cooperación entre las Facultades de Arquitectura de Rosario, Bordeaux y Santiago de Chile, este programa es “el comienzo de un cambio cultural que llevará una o dos generaciones”. Lo bueno, agrega, “es que ya está instalado desde hace varios años, y con un crecimiento anual interesante”.
Como un plus simbólico, la alcaldía (que en Argentina se llaman intendencias) socialista que implementó este modelo encargó a arquitectos argentinos de fama mundial, como César Pelli, el diseño o reciclamiento de las sedes de los distritos, lo cual le ha dado una visibilidad arquitectónica a la iniciativa.

Alianzas sectoriales. Donde también hay un Programa de Presupuesto Participativo bastante similar es en Medellín, Colombia. A él se agrega “el Consejo Territorial de Planeación, conformado por representantes de las principales fuerzas vivas de la ciudad”, dice Víctor Manuel Quiroz, subdirector de Comunicaciones de la alcaldía. Ellas “postulan ternas al señor alcalde para que éste elija a uno que represente al sector o agremiaciones”. Sus funciones son las de operar como “una instancia de consulta previa para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo”.

También existe una Feria de la Transparencia. Se trata de un evento público “donde se anuncian las inversiones del próximo año, con el fin de que las personas naturales o jurídicas se preparen para participar en las licitaciones públicas o concursos para prestar bienes y servicios al municipio”.

Sin duda este conglomerado de mecanismo de interconsultas explica gran parte del éxito de Medellín en los últimos años, en los que se sacudió el lastre de su asociación con ser el centro de la economía de la droga y violencia en Colombia. Destaca la lucidez de haber desarrollado un método de seguimiento y diagnóstico permanente: el Programa Medellín Cómo Vamos (PMCV). Se trata de una alianza interinstitucional privada que tiene como principal objetivo hacer evaluación y seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. “Claramente las circunstancias que vive Medellín en términos de calidad de vida son mejores que las de Bogotá”, dice Piedad Patricia Restrepo, su coordinadora.

Y destaca que esto es efecto de un hecho simple: “La responsabilidad en muchos aspectos, como la educación, salud, innovación, ciencia y tecnología y emprendimiento, no está en manos exclusivas de la administración de la ciudad, sino que tiene un componente de responsabilidad del sector privado”.

Restrepo ejemplifica con el caso de Pro Antioquia, fundación sin fines de lucro que colabora con la administración municipal en varios proyectos, “como en el tema de educación con el voluntariado empresarial, con una serie de programas para afianzar los procesos en colegios públicos”.

En esa misma línea, las mejoras en las redes de transporte y salud han logrado una inclusión social más alta.

La sombra del país. Pero Medellín es también un recordatorio de que las ciudades están, finalmente, dentro de un país y una economía determinada. Es así como el último de los informes de PMCV revela que el desempleo en la ciudad está en 13,9%, y alrededor del 50% de la economía sigue siendo informal. Lo que resulta consistente con una tasa de pobreza del 38,4% y de indigencia del 10,2 %. De hecho, el 24% del sextil más pobre no pueda pagar la factura del agua. No son ajenos a estos números el arribo anual (2010) de 30.000 desplazados por la violencia en otras partes del país.

Sin llegar a los niveles de otras épocas, el crimen también ha vuelto a crecer. La tasa de homicidios es de 86,3 (2010). Restrepo reconoce que 2009 y 2010 han sido “muy difíciles” en este aspecto.

El “efecto país” también puede mejorar los índices municipales. Es el caso en Brasil para ciudades como Vitória, en el estado de Rio. “Si bien no tiene la misma sofisticación de los grandes centros urbanos, creció bastante en los últimos 10 años”, dice Cristiano M. Costa, profesor de Economía del Fucape Bussiness School. Allí está ocurriendo algo parecido a Medellín, con la reciente llegada de Hewlett- Packard. “Ya atrajo a varias empresas importantes a instalarse, como es el caso de Petrobras, Arcelor-Mittal, Vale y Samarco, aunque deja un poco que desear en términos de servicios”.

Se trata de un fenómeno que se repite, con más o menos intensidad, en una constelación de urbes de los estados de Rio, São Paulo y Rio Grande do Sul: Gramado, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Sorocaba y Campinas.

Parques Huertas. Lo que ocurre en estos tres estados de Brasil es un “efecto cascada” más bien virtuoso: el arranque económico prolongado crea subcentros que, a su vez, se convierten en polos (especializados o no).

Pero el fenómeno puede también crear tensiones si los municipios no poseen flexibilidad y capacidad para anticipar problemas. Es lo que sucede en Arequipa, Perú. “Lamentablemente no existe una visión de avanzar o de orientar el crecimiento de la ciudad, utilizando la experiencia de la capital”, se lamenta Rafael Chirinos de Rivero, gerente general de la Cámara de Comercio de la ciudad. “Si bien somos conscientes de que en Arequipa y en muchas otras provincias se tiene una mejor calidad de vida que en Lima, no estamos haciendo nada por crecer ordenadamente y evitar un crecimiento caótico”.

Se trata de una realidad que data casi de la era colonial, efecto de un centralismo aún apremiante. “En las provincias también se crea un centralismo con otras ciudades vecinas o con las mismas provincias”, dice Chirinos.

Al igual que Arequipa, la argentina Rosario intenta lidiar con el boom del complejo industrial sojero y de los biocombustibles mediante un plan de largo plazo, el cual incluye integración de las diferentes clases sociales en los espacios públicos, centros de salud de atención primaria y centros juveniles en todos los barrios.

En tal contexto su programa de Parques Huertas resulta novedoso en la región. Nació como una evolución de un clásico programa de huertas urbanas en la crisis económica de 2002-03. “Hoy tenemos cerca de 50 hectáreas, 20 de ellas produciendo huertas, plantas medicinales y aromáticas, y otras 30 que son más bien de parques”, dice el agrónomo, máster en agroecología, Antonio Lattuca. Cerca de unas 250 familias cultivan bordes de vías férreas, autopistas y riachuelos. “Se trata de espacios verdes de bajo mantenimiento. La misma gente que trabaja, saca la verdura –que es orgánica– y se comercializa en ferias de la ciudad y bolsones de verdura ecológica a domicilio”, explica el coordinador del Programa de Agricultura Urbana. “Si no lo hiciéramos, serían ocupadas por viviendas precarias, con riesgo de vida para sus ocupantes”.

Algunas huertas funcionan también como centros de formación. Para la arquitecta Monti, “entre la presión de la urbanización y la de la soja, no hay ahora más espacio para huertas en los alrededores de la ciudad”. El proyecto, entonces, “no soluciona el problema, ha generado una alternativa”. Los terrenos siguen siendo municipales y no pueden venderse, pero los huerteros no son empleados de la alcaldía.

El último upgrade de la iniciativa provino “de una fundación de empresas locales que invirtieron US$ 100.000 para el último parque huerta de 3 hectáreas”, comenta Lattuca.

La iniciativa llama la atención dentro de Argentina y también de municipios como los de Belo Horizonte, Santa María del Triunfo, Bogotá y Medellín, que lo han visitado. Pero no es fácilmente replicable. Aunque “la gente de Medellín vino dos veces a hacer la capacitación”, la ciudad antioqueña finalmente no implementó su versión. Maisonnave cree que no hay que desanimarse: “Rosario con Buenos Aires y Mendoza tuvieron tranvías eléctricos desde comienzos de 1900 y los eliminaron por los de 1960”. Ahora “en nuestra ciudad, a partir del estudio del Plan Integral de Movilidad, se está proyectando un tranvía moderno sobre los ejes norte-sur y este-oeste que es una necesidad imperiosa para mejorar el transporte público”. Con ello vendrá un transporte mejor, junto a “ahorros energéticos y beneficios medioambientales”.

Maisonnave es de los que creen que las segundas ciudades de la región no están condenadas a vivir a la sombra de las capitales o megaúrbes. “No estoy tan seguro de que las segundas ciudades en Latinoamérica tiendan a palidecer”. El experto se pregunta si es el centralismo político y económico de las capitales latinoamericanas lo que frena el desarrollo de las fuerzas productivas de las ciudades del interior.

Es que la felicidad urbana es un animal doméstico singular: casi todos lo quieren y lo necesitan, pero no están demasiado dispuestos a gastar su tiempo y recursos en él.

Con informes de Jenny del Río en Colombia, María Cristina Pezet en Lima y Sérgio Siscaro en São Paulo.