El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, envió el lunes una nueva petición a Interpol para ordenar la captura de los militares salvadoreños retirados involucrados en los hechos.

San Salvador. El Gobierno de El Salvador dijo este miércoles que colaborará en la detención de 17 militares en retiro acusados por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas durante la guerra civil, luego que un juez español emitió una nueva orden de captura a través de Interpol.

El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, envió el lunes una nueva petición a Interpol para ordenar la captura de los militares salvadoreños retirados, supuestamente involucrados en la masacre de los clérigos y dos colaboradoras en los momentos álgidos de la guerra.

El vocero de la presidencia, Eugenio Chicas, dijo a la prensa que el Gobierno está dispuesto proceder con las capturas una vez que se cumplan los requisitos legales, pero que la decisión de una eventual extradición a España correspondería a la Corte Suprema de Justicia local.

"No tenemos otro camino que cumplir la ley. Pero eso depende que sea ratificada por el juez Velasco las órdenes de detención y sean actualizadas por Interpol", comentó.

En el marco de una ofensiva guerrillera en la capital, la madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando militar de ultraderecha irrumpió el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y acribilló al grupo de religiosos, entre ellos el rector de la institución, Ignacio Ellacuría.

Entre los implicados se encuentra el ex viceministro de Defensa, el coronel Inocente Montano, quien fue procesado y encarcelado en Estados Unidos por fraude migratorio.

El crimen es uno de los más simbólicos del conflicto armado que enfrentó entre 1980 y 1992 a la ex guerrilla izquierdista y ahora partido en el gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército salvadoreño, con un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

En agosto de 2011, la justicia española solicitó la detención de los militares salvadoreños, con miras de extradición, pero la Corte Suprema resolvió que el requerimiento se refería únicamente a un aviso de localización, por lo que se desatendió la captura y la solicitud de extradición.