Según el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, en los va corrido de 2017, se computaron 327 muertes violentas, frente a las 936 registradas en el mismo lapso de 2016.

"La tendencia a la baja se mantiene", destacó el funcionario, que añadió que esta disminución se debe a las "medidas extraordinarias" de seguridad que implementa el Gobierno desde abril de 2016. Mauricio Ramírez detalló que en enero se computaron 256 homicidios y en los primeros 9 días de febrero la cifra fue de 71, un promedio diario de 8 asesinatos.

En agosto de 2016 el país registró la primera baja de asesinatos desde que se rompió un pacto de no agresión entre las pandillas (2012-2014) y que contó con la venia del Gobierno. La ofensiva contra las pandillas incluyen el endurecimiento del régimen carcelario, la creación de un comando elite que caza a columnas armadas en la zona rural y el despliegue de más militares en las calles.

Críticas a la ofensiva contra las pandillas. No obstante, estas acciones le han acarreado las críticas de diversas organizaciones sociales y de la oposición porque, según estos, ha incrementado la brutalidad policial y las violaciones a los derechos humanos. El legislador de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Johnny Wright aseguró que el Gobierno está creando "nuevas víctimas", como los "jóvenes que han sido encarcelados sin razón alguna" para "sumar un número más a sus supuestos logros".

No obstante, para el vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, estas medidas envían un mensaje de "unidad" del Estado y que "si estamos juntos, vamos a derrotar la estructura criminal en el transcurso de este año". El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias que poseen más de 600 células en todo el país.

El país centroamericano es considerado uno de los más violentos del mundo por su registro de 103 y 81,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.