Convocados por el presidente Mauricio Funes, dirigentes políticos de El Salvador buscarán resolver la crisis provocada por un diferendo entre el Poder Judicial y el Congreso en torno al nombramiento de diez de los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La izquierda controlaba la mayoría de diputados en la asamblea que finalizó el pasado 30 de abril y que eligió los cinco magistrados. Ahora la derecha tiene mayoría.
Convocados por el presidente Mauricio Funes, dirigentes políticos de El Salvador buscarán resolver la crisis provocada por un diferendo entre el Poder Judicial y el Congreso en torno al nombramiento de diez de los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras en San Salvador Funes lidera la búsqueda de un arreglo “político”, el canciller Hugo Martínez viajó ayer a Washington para garantizar ante la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Congreso que no habrá una ruptura del orden constitucional en el país centroamericano.
“La solución es política, y yo la próxima semana voy a invitar a todos los partidos políticos (...) para que nos sentemos aquí en casa presidencial y busquemos un entendimiento”, anunció Funes el sábado.
La convocatoria se produce luego de que la cúpula del sector empresarial, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), se retiró de dos foros: uno local y otro con Estados Unidos. En este último se acuerda un millonario programa de asistencia para el desarrollo.
En días pasados, la embajadora de Estados Unidos, Mari Aponte, se entrevistó por separado con las partes confrontadas.
Para el profesor universitario y analista Roberto Cañas, las advertencias de congresistas en Washington sobre la eventual suspensión de ayuda económica y hasta la supresión de visas concedidas por Estados Unidos han “acelerado” las condiciones internas para que las partes busquen un arreglo.
“Ojalá se logre un acuerdo por el bien de El Salvador que ya no aguanta más la crisis institucional que ahuyenta inversiones”, destacó Cañas.
El llamado al diálogo de Funes fue apoyado por dirigentes del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y de la principal fuerza opositora, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
La crisis institucional estalló el 6 de junio, cuando la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial salvadoreña declaró ilegal la elección de cinco magistrados realizada por el Congreso en abril último y la de otros cinco en 2006.
La objeción se basa en que, según la interpretación de los constitucionalistas, los diputados no pueden nombrar magistrados más de una vez en una misma legislatura.
