Frank Schwabe, diputado del Partido Socialdemócrata de Alemania y miembro de la comitiva germana de observadores electorales para El Salvador, nos cuenta en esta entrevista su visión sobre las elecciones presidenciales del pasado 2 de febrero.

En los países de América Latina, cuando se celebran comicios presidenciales, los organismos que regulan el proceso electoral prohíben explícitamente toda forma de propaganda que tienda a influir sobre la opinión de los votantes mientras las urnas están abiertas. El Salvador no es la excepción. De ahí que el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) haya denunciado al partido de gobierno, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), por hacer campaña el pasado 2 de febrero, día de elecciones.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) tomó nota de la queja e instó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a que controlara más efectivamente los brotes de propaganda extemporánea. Pero las acusaciones no terminaron allí. Pocos días después de los comicios, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, informó que veinticuatro empresas habían sido demandadas ante el Ministerio del Trabajo por coaccionar a sus empleados para que votaran por ARENA en la segunda vuelta electoral, el próximo 9 de marzo.

La “guerra sucia” se practica en todas las latitudes; de eso hay evidencias de sobra. Pero, ¿hasta qué punto pueden los observadores internacionales percatarse de las intrigas que se entretejen –sutilmente o no– en un país que no es el suyo? ¿Cabe esperar que se pronuncien sobre todas las irregularidades, confirmadas y sospechadas?

Deutsche Welle habló sobre el asunto con Frank Schwabe, diputado del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y miembro de la comitiva germana de observadores electorales para El Salvador.

-¿Qué tan graves fueron las infracciones cometidas durante las elecciones presidenciales del 2 de febrero? ¿Y qué puede hacer un observador internacional frente a situaciones irregulares?

-En el futuro sería bueno implementar medidas más efectivas para evitar que la campaña electoral llegue hasta las salas donde están las urnas de votación.

En El Salvador hay muchos testigos de mesa que cumplen sus funciones en los locales electorales portando camisetas que publicitan a uno u otro candidato presidencial. Eso no es lo ideal, pero es comprensible por el grado de polarización política que se vive en el país centroamericano: los partidarios de un candidato no confían en los del rival y ellos se controlan mutuamente dejando claro a qué ‘bando’ pertenece cada quien.

Aparte de eso, nosotros no presenciamos casos indebidos de propaganda electoral. Las palabras articuladas y el comportamiento exhibido por los candidatos presidenciales a la hora de depositar sus respectivos votos en las urnas pueden ser descritos como actos de proselitismo y éstos no están permitidos durante las elecciones, pero no creo que esos gestos hayan determinado el resultado de los comicios.

Seguramente hubo irregularidades en las elecciones salvadoreñas –las hay en todas, también en las elecciones alemanas–, pero no creo que sus proporciones hayan sido tales como para influir sobre los resultados. El Tribunal Supremo Electoral intervino en algunos casos cuando éstos amenazaban con convertirse en faltas flagrantes, pero esas son situaciones frente a las que un observador internacional difícilmente puede actuar.

Nosotros sólo supervisamos el desenvolvimiento general del proceso electoral como tal. De hecho, como observador internacional, uno tiene que familiarizarse primero con la idiosincrasia del país que uno visita. Debo admitir que el sistema electoral salvadoreño no es muy diferente del alemán, pero no por eso dejé de participar en el taller que nos explicaba las peculiaridades de los comicios locales.

-¿A qué detalles debe prestar atención un observador electoral?

-Nosotros vigilamos que los votantes pudieran ejercer su derecho al sufragio sin obstáculos: en un momento dado se presentó el caso de una mujer transgénero a quien no querían dejar votar, a pesar de que la máxima autoridad electoral ya se había pronunciado sobre la materia. Yo me acerqué al centro de votación como parte de una delegación de observadores internacionales y, al final, la ciudadana pudo votar.

También debimos prestar atención a que el conteo de votos se desarrollara transparentemente. Y en ese sentido, los observadores coincidimos en que el proceso fue limpio y exacto. Allí se llegó a discutir –de una manera abierta y pública– sobre si una equis había sido correctamente marcada o no. Otro factor que jugó un rol importante en estos comicios fue el primer contingente de votos provenientes del extranjero.

Nosotros pensamos que el conteo de los votos de los emigrantes sería problemático; pero, al final, muy pocos salvadoreños fueron a las urnas en el extranjero. También se sospechaba que se presentarían situaciones irregulares en las zonas fronterizas de El Salvador; se pensaba que muchas personas serían traídas en autobuses desde Honduras para que votaran ilegalmente. Ese tipo de casos tampoco se presentaron.

Lo más complejo fue transportar las boletas electorales a las sedes del Tribunal Supremo Electoral. No obstante, también ese proceso se cerró exitosamente. Mi impresión es que la primera vuelta de los comicios salvadoreños estuvo muy bien organizada por las autoridades electorales. Y por eso mismo creo que la segunda ronda, la del 9 de marzo, se consumará sin problemas.

El Tribunal Supremo Electoral señaló que la participación en las elecciones presidenciales del 2 de febrero fue de 63%, aproximadamente. Otras fuentes calculan que estuvo entre el 51% y el 53%.

-¿Comparte usted la opinión de quienes sostienen que el abstencionismo le restó legitimidad a esos comicios?

-A decir verdad, no la comparto. Es lamentable que poca gente ejerza su derecho al sufragio –y en el caso salvadoreño el voto es obligatorio–, pero yo no creo que una alta abstención le reste legitimidad a los comicios. Las elecciones europeas suelen contar con una participación de entre el 40% y el 50%, y nadie dice que eso le reste legitimidad a la consulta o al Parlamento Europeo como institución.