El país centroamericano tiene desde 1997 una de las leyes más severas en contra de mujeres y personas que asistan un aborto y está en la lista de estados donde interrumpir el embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia, junto con Chile, El Vaticano, Malta, Nicaragua y República Dominicana.
San Salvador. El partido oficialista de El Salvador, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), presentó el martes al Congreso una propuesta para permitir el aborto en caso de violación o embarazo de riesgo, que actualmente se pena con hasta 30 años de cárcel.
El país centroamericano tiene desde 1997 una de las leyes más severas en contra de mujeres y personas que asistan un aborto y está en la lista de estados donde interrumpir el embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia, junto con Chile, El Vaticano, Malta, Nicaragua y República Dominicana.
La propuesta, presentada por la presidenta del Congreso Lorena Peña, permitiría el aborto cuando la vida de una mujer esté en riesgo, cuando el embarazo sea producto de una violación o trata de personas o cuando exista una malformación del feto "que haga inviable la vida extrauterina".
"(Se proponen) reformas al código penal que permitan a las mujeres y niñas abusadas sexualmente, o en graves condiciones de salud, o en peligro de muerte medidas que le permitan salvarse y recuperarse", indica la petición presentada al Congreso.
La Iglesia y grupos conservadores todavía no se han pronunciado sobre la petición legislativa, en un país donde la pena por aborto es de hasta ocho años de cárcel, pero puede subir hasta 30 si se considera homicidio agravado.
Para lograr los cambios en la ley, el FMLN, ex guerrilla marxista, necesita alcanzar 43 votos de los 84 posibles en el Congreso. Actualmente cuentan con 31 escaños frente a la opositora derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que tiene 35.
En una de las naciones más violentas del mundo hay al menos 14 mujeres sentenciadas a penas de entre 12 y 40 años por abortar y unas 130 inmersas en procesos judiciales, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
