La detención de ex militares, por un caso de asesinato de sacerdotes jesuitas en El Salvador, resultó sorprendente. La presión internacional y la coyuntura política en la región pueden dar una posible explicación.

A muchos salvadoreños, la captura de cuatro ex militares el 5 de febrero por el asesinato de seis jesuitas en 1989 los tomó de sorpresa. En un país como El Salvador, tan acostumbrado a dejar los crímenes del pasado y presente en la impunidad, la captura de los ex militares fue un verdadero hito jurídico.

Con este nuevo giro del caso, parece posible que se juzgue a los autores de uno de los crímenes más emblemáticos en la historia reciente de El Salvador. “Los sacerdotes asesinados eran las cabezas de una apertura del país a la democracia y la justicia social”, explica Joachim Schlütter, representante de la Fundación Friedrich Ebert en el país. “El asesinato de sangre fría de los jesuitas mostró que durante la guerra civil nada era sagrado”, agrega.

Hubo varios intentos de juzgar el crimen, pero todos fracasaron. Ante la presión internacional, se abrió un juicio en El Salvador en 1991, cuestionado por sus irregularidades. Las condenas de este juicio fueron anuladas tras la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993. Después, los familiares de los jesuitas –cinco de ellos eran de nacionalidad española– llevaron el caso a la Audiencia Nacional de España. En 2011, un juez español ordenó detener a los ex militares, pero ello fue frustrado por falta de cooperación de las autoridades salvadoreñas. En enero de este año, el tribunal español reiteró la orden de captura. Un mes después se logró la captura de cuatro de los 17 militares acusados.

Según Schlütter, es obvio que “las capturas están relacionadas con las negociaciones sobre cuánto apoyo financiero le brindan Estados Unidos y la comunidad internacional a El Salvador, siendo un requisito que la situación de la justicia en el país mejore”.

Las detenciones se realizaron horas después de que una corte estadounidense confirmara la extradición del ex viceministro de Seguridad, Inocente Orlando Montano a España. Montano es uno de los acusados del asesinato de los jesuitas.

“Si Estados Unidos se muestra interesado en llevar el caso a la justicia, es algo que El Salvador no puede ignorar”, dice Schlütter. “Sospecho que hubo mucha presión internacional”, agrega.

Avanza lucha contra la impunidad. Para Zulma Lorena Argueta, son tanto factores internos como externos los que impulsaron el avance del caso: "Uno de los mensajes más importantes es mostrar que se puede revertir la impunidad. A nivel nacional es un producto de los avances que ha habido en la institucionalidad y la separación de poderes“, explica la representante de la fundación Heinrich Böll en El Salvador.

"También presiona de forma positiva lo que ocurre en los países vecinos“, agrega. Tanto en Guatemala con los actuales casos de corrupción, como con la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), el tema de la lucha contra la impunidad está muy presente.

Sin embargo, no todos están satisfechos con la situación. Los partidos de derecha ya condenaron las capturas porque –según ellos– agravan la polarización y reabren las heridas del pasado.

"Es un argumento reiterativo de parte de los militares", dice Argueta”, pero creo que hay que hacer justicia no importa quiénes sean los responsables”.