Los egipcios concurren a las urnas hastiados de la violencia política y la parálisis económica, entregándole un cheque en blanco a un nuevo caudillo militar.
El Cairo. "¡Viva Egipto!", proclama con una sonrisa Abdelfattá al-Sisi en los miles de carteles electorales que inundan las calles de El Cairo, en vísperas de las elecciones presidenciales del 26 y 27 de mayo.
Un eslogan simple que encarna a la perfección el mensaje populista que ha adoptado el ex ministro de Defensa egipcio y hombre fuerte del régimen político que se instaló el pasado 3 de julio, tras el golpe de Estado que puso fin al experimento islamista en el valle del Nilo. Patriotismo de corte militar para neutralizar el influjo del panislamismo, los Hermanos Musulmanes y Mohamed Morsi, el primer presidente electo del país, hoy encarcelado y sometido a una retahíla de juicios.
Hamdin Sabahi, un político progresista que fue el tercer aspirante más votado en las presidenciales del 2012, es el único rival de al-Sisi en las urnas. Su pugna es desigual en todos los frentes. Mientras el presupuesto declarado de la campaña del mariscal retirado se acercaba al máximo legal -20 millones de libras egipcias (US$2,8 millones), el del equipo de Sabahi, formado casi exclusivamente por voluntarios, no llegaba ni al medio millón.
Los medios de comunicación tampoco han ayudado a compensar este desequilibrio, pues se han dedicado a crear durante el último año un culto a la personalidad de al-Sisi, de acuerdo con los cánones de las tradicionales autocracias árabes.
“Las instituciones del Estado no son neutrales. Se han volcado desde el inicio de la campaña con al-Sisi, empezando con la comisión electoral que esperó a que al-Sisi decidiera si se presentaba para convocar las elecciones”, se queja Hossam Aqrab, uno de los coordinadores de la campaña de Sabahi. Sin embargo, los abnegados seguidores del político nasserista aún confiaban en una sorpresa horas antes de la apertura de los colegios electorales. Eran los únicos en un país que ha sido gobernado por un uniformado durante las últimas seis décadas, con una sola excepción: el interludio de un año de gobierno islamista.
Las autoridades interinas, que desde la asonada esconden una tutela militar bajo su apariencia civil, se han esforzado por dotar las elecciones de una fachada democrática, con una misión de observadores de la Unión Europea incluida. No obstante, no hace falta escarbar demasiado en el proceso para descubrir una realidad difícilmente homologable a la de una verdadera democracia. Para empezar, al-Sisi no ha participado en mitin electoral alguno a causa de los presuntos riesgos para su seguridad física (asegura haber padecido dos intentos de asesinato). Más escandaloso aún es que el mariscal tan solo hiciera público su programa electoral unas horas antes de la contienda, sin apenas tiempo para ser sometido al debido escrutinio público. Según sus defensores, “no le hacía falta”.
Pero lo más contradictorio con el espíritu democrático son las violaciones de los Derechos Humanos y de las libertades básicas. Durante el último año, se han registrado cerca de 3.000 muertes por violencia política, se ha arrestado a más de 21.000 simpatizantes de la oposición y se ha extendido el uso de la tortura en las comisarías. Todo ello, jalonado por condenas judiciales durísimas. Entre ellas, el récord mundial de condenas a la pena de muerte instantánea: 529 personas por el asesinato de un oficial de policía. Esta “plusmarca” fue batida solo una semana después por el mismo juez, que envió a 683 personas a la horca después de dos audiencias de media hora.
La mayoría de las víctimas de la represión son islamistas y simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, partido vencedor de todos los comicios celebrados en el Egipto post-revolucionario antes del golpe de Estado. Toda la cúpula de la organización se encuentra encarcelada, y su Guía Supremo es uno de los reos sentenciados a la pena capital en el macrojuicio. Ahora bien, también la oposición laica ha padecido el hostigamiento de la policía y el aparato judicial. El movimiento juvenil del 6 de Abril, que desempeñó un papel clave en la Revolución que destronó al ex dictador Hosni Mubarak, ha sido ilegalizado. Su célebre fundador, Ahmed Maher, languidece en una prisión por haber organizado una manifestación ilegal.
Todos detrás. Todas estas medidas han contado con el apoyo de algunos partidos liberales y de buena parte de la población, ansiosa por recuperar la estabilidad después de tres años turbulentos que han paralizado la economía del país. Esa es la principal baza electoral de al-Sisi, junto con la retórica de la lucha antiterrorista. Y es que el golpe de Estado desató una insurgencia yihadista que se ha cobrado la vida de al menos 400 miembros de las fuerzas de seguridad, la mayor parte de ellos en la península del Sinaí. Territorio inhóspito y remoto, el Sinaí se convirtió hace años en la base de operaciones de unos grupos que tenían en su punto de mira a Israel, y ahora luchan contra el Estado egipcio.
Tres años después de la excitante caída de Mubarak, auténtica propulsora de las revueltas árabes, la ilusión y la esperanza que generó se han tornado en ansiedad, hastío y odio. Ciertamente, la situación varía de un país a otro. Mientras en Túnez la transición democrática avanza a trompicones, Siria se desangra en una cruel guerra civil. Ahora bien, en todos los países de la Primavera Árabe, la contrarrevolución, patrocinada por algunos influyentes actores como Arabia Saudita, ha demostrado ser más poderosa de lo anticipado por la mayoría de observadores. Las autocracias árabes no se sostuvieron durante décadas por fortuna, sino porque tejieron una redes clientelares resistentes, bien arraigadas en la sociedad. Actualmente, la gran pregunta es si la reconstitución de aquellos viejos sistemas y escleróticos ataviados con unos nuevos ropajes será viable a largo plazo, o si se acabará imponiendo la lógica de una profunda reforma política.
