“Si uno está comprometido con una causa debe asumir los riesgos”, opina la defensora de derechos humanos Elsie Monge. Sus décadas de lucha conocen reveses, también reconocimientos. ¿Una heroína? La ecuatoriana no lo siente así.
“No se puede decir que la historia sea lineal: a veces se avanza, a veces hay períodos de retroceso en cuanto a la vigencia de los derechos humanos y las libertades”, dice a DW Elsie Monge, que dirige la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador (Cedhu) desde 1981.
“Tuvimos un período muy fuerte de violación sistemática a los derechos humanos entre 1984 y 1988, cuando se montó un aparato represivo centralizado muy grande. Por primera vez se registraron desapariciones forzadas, muchos casos de ejecuciones extrajudiciales, de tortura”, afirma sobre los años del gobierno de León Febres Cordero, en Ecuador.
Monge -pedagoga, socióloga y antropológa de formación- presidió la Comisión de la Verdad que revisó la historia de su país entre 1984 y 2008. En su opinión, es frustrante que los casos, presentados en 2009, apenas ahora comiencen a ser judicializados.
Según detecta la ejecutiva de la Cedhu, “desde 2007, cuando el modelo extractivista de los recursos naturales cobra fuerza, hay violaciones flagrantes a las comunidades. Un aspecto que no había en otros momentos de gran represión a los movimientos sociales es la utilización de la justicia para perseguir a los dirigentes, para amenazar y ejercer control social”.
En Guatemala, Panamá y El Salvador trabajó antes de regresar a Ecuador. Desde la década de los 70 se ha dedicado a la defensa de los derechos de las comunidades. En este caso es la comunidad de Junín en Intag, opuesta a la explotación del cobre. Después de diez meses de cárcel, injusta según la Cedhu, logró la liberación del su líder. Aquí Elsie Monge con la madre de Jevier Ramírez.
Entre los últimos logros de la labor de la Cedhu está la liberación de Javier Ramírez –que pasó diez meses en la cárcel por liderar la oposición a la explotación de cobre a gran escala en Intag, una comunidad en rebeldía desde hace dos décadas. También la denuncia del desplazamiento de la población de San Marcos, en la provincia suramazónica de Zamora Chinchipe.
“Unas nueve familias que se resistían a vender su tierra; fueron desplazados, sus casas fueron quemadas. La capilla y la escuela que quedaban fueron incendiadas recientemente”, describe Monge. "Ni consulta previa, ni reubicación, ni indemnización hubo para esa gente", agrega.
“Nuestro trabajo consiste en apoyar a las comunidades para que conozcan sus derechos y las herramientas legales básicas para que puedan defenderlos. Apoyamos acciones pacíficas”, dice Monge, que entró en 1954 a la orden misionera de Maryknoll en Estados Unidos y volvió a su Ecuador natal en 1970.
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Labor con riesgos. Aunque sus décadas de activismo pro derechos humanos –también en Guatemala, El Salvador y Panamá-, le han valido algunos reconocimientos nacionales, su labor no siempre le ha procurado buenas reacciones.
“En el desalojo de la comunidad de San Marcos hablamos de desplazamiento forzoso, y fue mal visto por el gobierno. Con un video con testimonios hicimos frente a la acusación de que estábamos mintiendo”. Ante la irrefutabilidad de los hechos, la respuesta fue que se trataba de casos aislados; pero nadie admitió la responsabilidad.
Cuál es el efecto, entonces, de esta labor? “Creo que con la denuncia pública se pone en evidencia, que en contra de la propaganda estatal, los proyectos mineros no benefician a la gente, ni a la naturaleza, cuyos derechos están reconocidos en la constitución del 2008”, responde.
A si siente que su labor tiene algo de heroico, Elsie Monge contesta que no. Y puntualiza: “Si uno se compromete con una causa, tiene que asumir riesgos como la deslegitimación y la desacreditación. Además, no soy sólo yo, todo el equipo está comprometido con la vigencia de los derechos humanos Y esa es mi otra fuente de fortaleza”.
