La PGR informó que ya giraron un número importante de órdenes de aprehensión para secretarios de Seguridad Pública, policías y otros ex funcionarios, pues hay elementos que los inculpan en extorsiones, cobros de piso, secuestros y algunos homicidios.

La Federación asumió el control de la seguridad en 13 municipios de Guerrero y el Estado de México, debido a que el crimen organizado impuso a los jefes de la policía y dictaba los operativos que se tenían que llevar a cabo, advirtió Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

El funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) expuso ante senadores que en las alcaldías intervenidas por la Federación se corroboró la participación con el crimen organizado por parte de funcionarios locales, además de policías y jefes de seguridad; no obstante, la investigación en su contra ha sido lenta, toda vez que no se quiere caer en el error de consignar a “presuntos culpables”, como sucedió en administraciones pasadas.

“Las investigaciones criminales se están llevando un tiempo, las están haciendo no sólo la Procuraduría sino todos los órdenes de gobierno que se encargan de la seguridad. Esta investigación no ha sido inmediata, nos está llevando tiempo encontrar los elementos para que los jueces liberen las órdenes de aprehensión, para que los jueces nos den los autos de formal prisión”, expuso en el Senado de la República, al participar en las audiencias públicas sobre la iniciativa presidencial en materia de seguridad.

Al contestar a las preguntas de los senadores Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas, el funcionario federal expresó que se han girado un número importante de órdenes de aprehensión para secretarios de Seguridad Pública, policías y otros ex funcionarios, pues no sólo hay indicios sino elementos jurídicos que los inculpan y que están basados en extorsiones, cobros de piso, secuestros y algunos homicidios.

Cabe recordar que aparte de Iguala y Cocula, los 13 municipios intervenidos por las fuerzas armadas recientemente son Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala, en Guerrero, así como Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.

Por otro lado, expresó que en el caso de Iguala por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, se tiene identificada la participación de diversos funcionarios.

“Sobre todos ellos hemos girado una cantidad impresionante de localizaciones, con el hecho de poder esclarecer totalmente este evento y con la finalidad de que puedan aportar los elementos necesarios para tener el panorama completo, el panorama total y evitar lo que ha pasado en anteriores gobiernos, que podamos tener un presunto culpable. Aquí, de toda la gente que hoy tenemos consignada está plenamente acreditada su participación en todos esos eventos”, aclaró.

Además, dijo que si antes de las elecciones de junio próximo no se aprueba la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador interino de Guerrero va a tener que prestar especial atención a los comicios, porque va a llegar un momento en que las fuerzas federales van a retirarse.

MazzitellI apoya intervención federal. Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, apoyó la intervención de la Federación en los municipios de México infiltrados por el crimen organizado, siempre y cuando la medida sea preventiva, respalde la corresponsabilidad entre los niveles de gobierno, responda a criterios de urgencia y sea temporal.

Durante el segundo día de audiencias públicas en el Senado para analizar la iniciativa presidencial en materia de seguridad, Mazzitelli advirtió que la propuesta presidencial no debe ser considerada la “panacea de plata” de los problemas que se viven en México.

Alertó de la preocupación que se tiene por la infiltración progresiva y silenciosa del crimen en el ámbito local, lo que genera, dijo, dos tipologías de costos. El primero es relativo a los costos directos pagados por los ciudadanos por los servicios de mala calidad que ofrece el municipio y el segundo tiene que ver con los costos indirectos en términos de libertades políticas y falta de credibilidad en las instituciones.

“Seguramente, la posibilidad de intervenir de manera preventiva a nivel de la junta puede acrecentar un instrumento eficiente, eficaz y sobre todo garantista que pueda romper el círculo vicioso de complicidad y corrupción que progresivamente acaba el Estado de Derecho a nivel del territorio”, expresó ante los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos Segunda.

Los senadores también escucharon la experiencia del fiscal italiano Giovanni Tartaglia, toda vez que la iniciativa de Peña se basa en la experiencia italiana. El fiscal afirmó que una parte de la lucha contra la mafia en su país se logró gracias a la intervención del gobierno central en las localidades en las que operaban los criminales.

Advirtió que el tema es delicado porque la reforma puede verse como un instrumento de castigo a los municipios pero opinó que esto es solamente un mecanismo de prevención.

“No es una legislación que castiga; es la administración local, porque los casos más numerosos no son aquellos de los administradores locales coludidos con las organizaciones locales. Los casos más números son los de los administradores locales que sufren el condicionamiento, por su debilidad, por parte de las organizaciones criminales. Esto lleva a la necesidad de dar una respuesta”, enfatizó.

Por su parte, David Arellano, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), precisó que hay estudios que delatan que casi tres cuartas partes de los municipios en México podrían ser vulnerables de infiltración de la delincuencia organizada.

La propuesta presidencial, dijo, se trata de una medida de carácter excepcional y de mecanismo restringido, que de forma paralela va con la investigación penal de las autoridades locales cooptadas por el crimen.

Para Juan Marcos Gutiérrez, ex funcionario de la Segob, la propuesta de Peña Nieto “inicia una marcha preocupante hacia otro tramo de centralismo en la vida de nuestro país”.

Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que muchos policías locales se enlistaron porque no encontraron “un trabajo más digno” como chofer y alertó que hoy en día la penetración de la delincuencia en las alcaldías es cada vez mayor.

Este jueves concluirán las audiencias públicas con el tema de distribución de competencias penales. Se espera la participación del gobernador de Chihuahua, César Duarte; de la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, y del consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos.