Los disturbios están revelando cómo el corazón agrícola de Venezuela sigue siendo un polvorín para el malestar social y que incluso los incondicionales del Partido Socialista están perdiendo la paciencia con las privaciones causadas por una crisis económica de seis años, que se ha acelerado por la cuarentena.

Urachiche. En la ciudad venezolana de Urachiche, por mucho tiempo un bastión de apoyo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, una estación de radio comunitaria transmitió durante todo septiembre mensajes en los que se pedía protestar por la decadencia de los servicios públicos y la escasez crónica de combustible.

En un marcado contraste con las típicas protestas callejeras antigubernamentales, el hombre que condujo la manifestación fue el activista Edito Hidalgo, del partido Tupamaro, un estrecho aliado del presidente Nicolás Maduro.

"Nuestro pueblo tiene derecho a vivir. Queremos eficiencia en los servicios públicos", dijo Hidalgo en la sede municipal de la localidad de 20.000 habitantes, flanqueado por decenas de manifestantes que exigían un mejor acceso al agua, la luz y combustible.

La marcha del 22 de septiembre en Urachiche terminó pacíficamente. Pero al día siguiente, algunos pueblos cercanos del estado agrícola de Yaracuy, en el centro del país, se convulsionaron con manifestaciones que las tropas dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma.

En una semana, protestas similares se habían extendido por todo el país, desde el estado de Zulia, en el extremo noroccidental venezolano, hasta las aisladas costas caribeñas de Sucre, en el este, antes de que un despliegue de tropas detuviera esas manifestaciones.

Los disturbios revelaron cómo el corazón agrícola de Venezuela sigue siendo un polvorín para el malestar social y que incluso los incondicionales del Partido Socialista están perdiendo la paciencia con las privaciones causadas por una crisis económica de seis años, que se ha acelerado por una cuarentena que ya lleva seis meses por el coronavirus.

En entrevistas con una decena de personas en Urachiche y los pueblos cercanos de Yaritagua y Chivacoa, los residentes describieron la ira y el cansancio por la lucha diaria por arreglárselas sin servicios básicos.

Casi todos pidieron no ser identificados, citando posibles represalias e intimidación por parte de las fuerzas de seguridad.

Durante una visita a cuatro ciudades de Yaracuy a principios de octubre, las protestas habían cesado. Tropas y vehículos militares permanecían desplegados en las calles.

Hidalgo, en una entrevista telefónica, dijo que la marcha que encabezó no tenía relación con las manifestaciones que siguieron, y dijo que los ciudadanos están enojados por la falta de servicios básicos y la dificultad para obtener alimentos.

"Nuestra marcha fue totalmente pacifica. Nuestro pueblo anda con los ojos muy hondos porque no tiene proteína", agregó.

El Ministerio de Información no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los funcionarios del Partido Socialista dicen que los problemas con los servicios públicos son el resultado de las sanciones de Estados Unidos destinadas a obligar a Maduro a dejar el cargo y con frecuencia acusan a los líderes de la oposición de orquestar la violencia callejera.

El hambre convierte a los burros en comida. La Venezuela rural ha sido un bastión del Partido Socialista durante más de una década, en gran parte porque las instituciones gubernamentales suelen ser las únicas que pueden ayudar a las comunidades aisladas que luchan por encontrar trabajo, vivienda y atención médica.

Urachiche, a unos 320 kilómetros al oeste de Caracas, tenía tal devoción al fallecido presidente Hugo Chávez que una vez participó de un experimento económico socialista centrado en el trueque. (https://reut.rs/33SkB1o)

Sin embargo, la vida de los pequeños agricultores en las colinas alrededor de Urachiche, que cultivan frijoles, maíz y café, ha empeorado durante la crisis económica venezolana.

Carlos Pineda, de 30 años, solía transportar sus mercancías al mercado en su camión, pero la escasez de combustible ahora lo obliga a caminar durante horas hasta la ciudad cargando sacos de grano de 50 kilos a la espalda.

A veces también hay mulas disponibles para transportar mercancías, pero los residentes, que buscan combatir el hambre, en muchos casos se han visto obligados a comerlas.

"Antes bajaba en mi camión, pero sin gasolina nos ha tocado venir y regresarnos a pie", dijo Pineda. "Algunos lo hacen en burros, pero tampoco hay muchos animales, se los han comido", agregó.

El acceso a la electricidad, el agua corriente y el combustible se ha deteriorado en las zonas rurales de Venezuela en los últimos años, ya que el gobierno prioriza áreas urbanas como la capital, Caracas, particularmente después de un apagón masivo en marzo del 2019.

"Se olvidaron de nosotros, sin gas, agua, sin comida y ahora también sin luz", dijo María Mendoza, una comerciante de 38 años, quien dijo que ya no planea votar por "el proceso", la descripción oficialista del modelo de gobierno del Partido Socialista.

La marcha del 22 de septiembre organizada por Hidalgo, el activista de Urachiche, pasó en gran parte desapercibida en un país acostumbrado a ver ciudadanos protestando en las calles.

Pero a los pocos días, los videos en las redes sociales mostraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad en pueblos cercanos, algunos de los cuales mostraban lo que parecían ser disparos, así como manifestantes ensangrentados por repetidas descargas de balas de goma.

Entre el 22 y el 30 de septiembre, estallaron 701 protestas en todo el país, principalmente por fallas en los servicios y falta de gasolina, dijo el grupo no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en un informe la semana pasada.

Las autoridades respondieron con una ola de arrestos que dejó 35 personas detenidas en Yaracuy y 50 a nivel nacional, según grupos de derechos humanos.

La policía arrestó a Dagni Salcedo, de 19 años, un repartidor en motocicleta de Yaritagua, según su madre Sullehil Rodríguez, quien dice que lo agarraron cuando estaba terminando una entrega, le pusieron una capucha en la cabeza y amenazaron con dispararle.

"Mi hijo está muy golpeado, él es trabajador, pueden preguntar a todos los vecinos", dijo Rodríguez a las afueras del recinto policial donde está detenido. Dijo que viaja 58 kilómetros cada día para llevarle comida a su hijo, quien recientemente se recuperó del COVID-19.

"Para nadie es un secreto que aquí no hay gas, agua, comida, luz", dijo.