Hace tres años, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, estado de Guerrero, sin que hasta el momento haya certeza de su paradero.

Hace tres años, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, sin que hasta el momento haya certeza de su paradero. Las condiciones en materia de inseguridad en el estado se han mantenido desde entonces e incluso el número de homicidios dolosos ha ido al alza, muestran estadísticas oficiales.

En el 2014, Guerrero figuraba en los primeros lugares de los índices delictivos. Para entonces, la tasa de incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes era de 42.690 casos, de acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para el 2015 el número ascendió a 53.875 homicidios.

Hacia las 9:30 de la noche del 26 de septiembre de hace tres años, un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” salía de la central de autobuses de Iguala donde había ocupado camiones para viajar a la Ciudad de México con la intención de participar en los actos de conmemoración del 2 de octubre de 1968. En ese momento, fueron alcanzados por elementos de la policía quienes comenzaron a dispararles; la persecución llegó hasta el Palacio de Justicia, según la reconstrucción de los hechos.

El incidente derivó en al menos seis asesinatos, una veintena de heridos y la desaparición de 43 jóvenes. Ante ello, familiares de los estudiantes y organizaciones de la sociedad civil que los acompañan comenzaron a protestar y exigir el regreso con vida de los jóvenes. El 29 de septiembre del 2014, 22 policías de Iguala fueron detenidos por su presunto vínculo con los hechos.

La Procuraduría General de la República, a cargo en ese momento de Jesús Murillo Karam, asumió el 4 de octubre el caso y para el 17 de octubre fue detenido el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien supuestamente ordenó la desaparición de los estudiantes.

A su vez, Casarrubias señaló al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, como cómplices de las actividades criminales. Para entonces, ambos se encontraban en calidad de prófugos y fueron detenidos el 4 de noviembre de ese año en la colonia Iztapalapa, Ciudad de México.

En una conferencia de prensa celebrada por Murillo Karam en noviembre del 2014, informó que, con base en los testimonios, los estudiantes habrían sido asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, municipio cercano al ataque; posterior a ello, las cenizas fueron, presuntamente, trasladadas a las orillas del río San Juan, ubicado en el área.

En enero del 2015, Murillo calificó de “verdad histórica” esta versión y dijo que los estudiantes habrían sido asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos.

Esta versión fue descartada en septiembre del 2015 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de un acuerdo -sellado en marzo del 2015- entre el gobierno mexicano, las familias de los desaparecidos y las organizaciones defensoras que los representan.

En paralelo, en el marco de la investigación sobre la desaparición de los normalistas, el Equipo Argentino de Antropología Forense dio a conocer en febrero del 2016 su dictamen pericial sobre los indicios encontrados en el basurero de Cocula y concluyó que no era posible que en ese lugar hubieran sido incineradas 43 personas.

Durante el periodo que el GIEI estuvo en México, informó sobre irregularidades en la investigación y sugirió que éstas fueran debidamente indagadas y sancionadas.

Estas anomalías incluyen las diligencias realizadas el 28 de octubre del 2014 en el río San Juan, las investigaciones del paradero de los normalistas e investigaciones en casos de tortura reportados.

Los delitos en Guerrero. En los últimos tres años en Guerrero la situación en materia de seguridad no ha presentado mejoras considerables. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el 2014 se registró un total de 1.514 homicidios dolosos; para el 2015 el número ascendió; el año siguiente la cifra creció a 2.213 y con base en cifras preliminares, con corte al 31 de julio de 2017, se han registrado 1.352.

Los secuestros en la entidad han disminuido según la estadística del SESNSP. En el 2014 se presentaron 110 denuncias por este delito; para el 2015 el número fue de 81 y en el 2016 bajó a 72.

Los delitos de extorsión presentan una tendencia mixta, pues en el 2014 se registraron 159, número que bajó a 144 en el 2015 y volvió a subir a 199 para el 2016.