En las últimas 48 horas del gobierno del edil Eduardo Garzón, el Instituto de Desarrollo Urbano de la ciudad suscribió 252 contratos, entre los que se encuentran cinco destinados a la adecuación y construcción de la Fase III del Transmilenio.

Bogotá. De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, "en los dos últimos días de gobierno de la administración del ex alcalde Luis Eduardo Garzón, se firmaron 5.112 contratos, siendo los más voluminosos los suscritos en las últimas 48 horas por el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano)".

En este lapso mencionado esta entidad suscribió 252 contratos. Entre estos se encuentran cinco contratos para la adecuación y construcción de la Fase III de Transmilenio por valor de 1,15 billones de pesos (US$623 millones).

Según el informe de la Contraloría, desde el año 2003, en lo que tiene que ver con los contratos de la Fase II números 105, 106, 180 y 242, se hallaron varias irregularidades.

Se destaca en lo que tiene que ver con las conductas negligentes del IDU:

a- la no aplicación de multas;
b- los cambios recurrentes en los diseños;
c- los problemas de adquisición de predios y
d- los valores adicionales a los presupuestos iniciales y las deficiencias en 2.671 losas en la fase dos.

En el primer semestre del año 2008, la Contraloría de Bogotá dejó registradas las debilidades en la entrega de los diseños definitivos de las obras de la Calle 26 y evidenció el no cumplimiento del estudio de evaluación y análisis de los diseños antes de la etapa de pre-construcción.

En el segundo semestre de 2008 la Contraloría de Bogotá denunció el sobre-avalúo de predios en los procesos judiciales y auditó la construcción y rehabilitación de rutas alimentadoras.

Evidenció faltantes en los productos de estudios y diseños de cerca de 24,5% de los productos de la consultoría, advirtiendo lo que significaría en mayores plazos y mayores costos por el ajuste en diseños. Puso en evidencia el retraso en las aprobaciones de las empresas de servicios públicos como Codensa y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. (i) En este mismo período, respecto del contrato 134 de 2007, se establecieron 10 hallazgos administrativos relacionados con la demora en la entrega de predios, atraso en los estudios y diseños debidamente aprobados e incumplimientos del contratista en la entrega de las adaptaciones, adecuaciones y ajustes a los estudios y diseños. (ii) En tratándose del contrato 135 de 2007 se afirmó que el contratista únicamente había recibido el 59% de los predios reflejándose un atraso de 41%. (iii) Sobre el contrato 136 de 2007 se registró únicamente la entrega del 12,6% de los predios subrayando las inconsistencias y faltantes en los diseños proporcionados por el IDU y registrando cerca de 15 inconsistencias técnicas para que fueran resueltas. (iv) Del contrato 137 de 2007 se evidenciaron 9 hallazgos relacionados con debilidades en la información de los estudios y diseños entregados por los consultores; se registró únicamente la entrega del 35% de los predios y se dejó constancia de la inconformidad por la ampliación del inicio en la etapa de construcción y que se reflejan en once cambios sustanciales a las especificaciones técnicas que a la postre terminaron prorrogando en siete meses la etapa de pre construcción.

En el segundo semestre de 2009, la Contraloría de Bogotá encontró una mora ostensible del 39% en el contrato 137 de 2007 y llamó la atención sobre el giro de los 74.771 millones de pesos (US$40 millones) gastados del anticipo, denunciando el atraso en la entrega de los predios lo cual se registra en 9 hallazgos administrativos con incidencia fiscal y disciplinaria

En el periodo que va de noviembre de 2008 a enero de 2010, la Contraloría de Bogotá evidenció 80 hallazgos que se resumen esencialmente en debilidades en el sistema de información sobre el manejo de los diseños y estudios así como en la aprobación de la reprogramaciones de obra.

Durante el período agosto-noviembre 2010 la Contraloría de Bogotá adelantó auditoría especial a los contratos de la fase tres de Transmilenio encontrando 33 hallazgos administrativos, 25 con incidencia disciplinaria, 5 con incidencia penal y 3 con incidencia fiscal. En total, los hallazgos que eventualmente pueden derivar en daño fiscal suman $128.244.860.816 (US$64,4 millones). El total de número de hallazgos suma 525.