En medio de toda suerte de dificultades, que van desde trabajar en medio del conflicto armado, hasta tener que diseñar sobre la marcha una arquitectura institucional especializada, el proceso de restitución de tierras sigue tomando forma en el país.
Se trata de una tarea elaborada al amparo de la Ley de Víctimas, que hoy cumple cuatro años de vigencia, motivo por el cual la Fundación Forjando Futuros le hizo un corte de cuentas. Para ello, se basó en las primeras mil sentencias de restitución, identificó aspectos a mejorar y hasta llamó la atención, porque el país ha invertido el triple de lo que se estima valen los predios recuperados.
Según el estudio, sumados el Incoder, el sistema judicial y otras entes, se destinaron $836.000 millones para los procesos, en los que a la fecha han sido restituidos 1.759 predios cuyo costo total estimado es de $276.000 millones. Un debate que Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, considera complejo, porque buena parte de la inversión era para echar a andar el proceso. En segundo lugar, dice, en la URT se invirtió la mitad de los $200.000 millones que Forjando Futuro le atribuye. Y en tercer término porque, más allá de las cifras, el país debe medir los beneficios de la resolución de los complejos problemas de tierras que atizaron la violencia
[[wysiwyg_imageupload:5864:]]
Forjando Futuros llama la atención, porque de 73.127 solicitudes presentadas apenas 1.980 han sido resueltas (ver infografía arriba), pero la URT asegura que ya tramitó administrativamente el 25% de los casos y que si no hay más sentencias es porque están en consideración de los jueces. Por el contrario, Sabogal argumenta que el elevado número de fallos a favor de los demandantes (98%) se debe en parte, al acertado ejercicio de depuración que su entidad hace de las reclamaciones, pues el 40% de las que le llegan no pasan el filtro para llegar a los jueces.
Las discrepancias frente a las cifras seguirán en la medida en que no hay consenso respecto a la magnitud del despojo. Mientras estudios de la U. de los Andes y de la Comisión de seguimiento a la política de atención al desplazado, lo estiman en dos millones de hectáreas, organizaciones defensoras de DD.HH., señalan que fue tres veces mayor.
