Investigar cuál fue el destino de estas víctimas "resulta complicado" para sus familiares, pues se produjeron en el marco del Plan Cóndor, por el que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay colaboraron para perseguir, detener y ejecutar a los opositores.
Las personas que buscan en Uruguay a los familiares desaparecidos durante las dictaduras del Cono Sur americano necesitan un mayor apoyo gubernamental para investigar lo que les sucedió, aseguró a Efe la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mirtha Guianze.
En Uruguay, son alrededor de 200 las personas detenidas-desaparecidas entre las décadas de 1970 y 1980 durante el Gobierno de los regímenes cívico-militares en la región, precisó esta portavoz en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Investigar cuál fue el destino de estas víctimas "resulta complicado" para sus familiares, pues se produjeron en el marco del Plan Cóndor, por el que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay colaboraron para perseguir, detener y ejecutar a los opositores.
En algunas ocasiones, las víctimas eran capturadas en su propio país y allí se les ejecutaba, mientras que, en otras, eran trasladadas clandestinamente más allá de sus fronteras y fallecían en cárceles de otro Estado o eran lanzadas al mar, aseveró Guianze.
La presidenta solicitó a las autoridades uruguayas una actitud "más proactiva" para determinar el paradero de las víctimas, pues actualmente la mayoría de los avances que se consiguen es a partir de las investigaciones que de forma particular emprenden los familiares afectados.
Una de las claves que Guianze afirmó que serviría para esclarecer muchos de estos casos es la de encontrar los archivos del ministerio de Defensa Nacional correspondientes a esa época, de los que en buena parte se desconoce su paradero.
La responsable incidió en que esos documentos podrían ofrecer pistas sobre estos casos, así como también información sobre las personas responsables de esas desapariciones.
Expresó su convencimiento de que la mayor parte de estos legajos no desapareció, sino que está escondida; y se basó para afirmarlo en que, en 2006, se encontraron unos microfilmes en un armario de la sede del antiguo Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva.
No fueron los únicos, pues en 2012 se hallaron algunos documentos de esta época en el museo que se levanta sobre la antigua sede del ministerio de Defensa Nacional, en Montevideo.
En Uruguay, el exdictador Juan María Bordaberry (1928-2011) fue procesado y condenado por crímenes de lesa humanidad, así como el primer canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, que aún cumple condena.
Junto a ellos, se condenó a un grupo de militares y policías que estuvieron relacionados con los traslados a Argentina de los detenidos-desaparecidos.
La presidenta del INDDHH y exfiscal recordó que en los centros de internamiento uruguayos se produjeron torturas y asesinatos de presos políticos que pertenecían a grupos como el Movimiento de Liberación Nacional-MLN Tupamaros (del que fue uno de los líderes históricos el actual presidente, José Mujica) o el Partido Comunista Revolucionario.
Si bien se desconoce lo que ocurrió con una buena parte de las víctimas, se sabe que sus condiciones de encarcelamiento fueron "muy penosas" y que, en algunos casos, fueron ajusticiadas, como el maestro y periodista Julio Castro, que desapareció en 1977 a los 68 años de edad y sus restos fueron encontrados en un predio militar en 2011 con un tiro en la cabeza, recordó.
