El senador Jorge Enrique Robledo cuestionó en el Congreso un préstamo del Banco Agrario a Odebrecht. La Procuraduría prometió prontos resultados.
El agite por el escándalo de corrupción de Odebrecht no cesa. Mientras algunas entidades incrementan la presión para que se cancelen los contratos que la constructora brasileña tiene en Colombia, principalmente el del Sector 2 de la Ruta del Sol, el tema ya llegó también al Congreso y a la Procuraduría. Igualmente, crecen los cuestionamientos por la adición que se hizo en 2014 al contrato de la Ruta del Sol que tenían Odebrecht y sus socios, la que les representó unos $670.000 millones (US$227,7 millones) de más sobre el presupuesto inicial de $2 billones (US$679,8 millones). El país político está de cabeza con este escándalo mientras la Fiscalía avanza sólidamente en sus investigaciones.
Para empezar, uno de los que tiene el panorama más complicado es Otto Bula, excongresista liberal que acaba de ser enviado a La Picota por orden de un juez mientras la investigación en su contra sigue. Bula, arrestado el sábado pasado, recibió parte de un soborno de US$4,6 millones para asegurarse de que la Concesionaria Ruta del Sol, que conformaron Odebrecht y sus socios en 2009, recibiría la adición que querían al contrato de la Ruta del Sol, pero en sus términos.
Bula no aceptó cargos, pero ya se sabía que en su contra estaba, cuando menos, la declaración del presidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli. Ayer se vino a saber que no es sólo esa: Yezid Arocha, director jurídico de la compañía, también salpicó a Bula con su testimonio.
Caracol Radio reveló detalles de la declaración que Arocha, quien lleva 20 años con la compañía y 10 como director jurídico, dio ante fiscales anticorrupción el pasado 5 de diciembre. Señaló que Otto Bula pactó con Odebrecht en agosto de 2013, en caso de que se lograra la adición al contrato de la Ruta del Sol, recibir el 1 % del valor del nuevo contrato. Es decir, por ese camino, Bula habría recibido unos $6.700 millones (US$2,2 millones). Pero ese no fue el único dinero que recibió. Arocha aseguró que Bula recibió US$3.487.619 más, divididos en siete giros en el exterior: seis de ellos a TexFab International HK LTD y uno a CT ASIA HK LTD.
Esa información, aseveró Arocha, la halló el director Eleuberto Martorelli en el sistema Drawis que usaba la División de Operaciones Estructurales en Brasil. Es decir, la unidad que Odebrecht creó en los años 90 para manejar todos los sobornos que pagaba alrededor del mundo. Arocha develó también que Otto Bula no cumplió un contrato con Odebrecht, sino tres. Martorelli, por su parte, en declaración ante el Ministerio Público de Brasil, contó que Bula se ufanaba de tener influencias en las comisiones del Congreso claves para presionar a la ANI citándola a debates de control político, y que así logró la adición 6 al contrato de la Ruta del Sol.
La ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), por su parte, ante los recientes hallazgos de la Fiscalía en el caso, indicó que como primera medida solicitará al tribunal de arbitramento del contrato que declare la nulidad de todos las obligaciones con la multinacional brasileña en Colombia. A su vez, la institución manifestó que iniciará una investigación para determinar cuáles funcionarios pudieron haber participado en este acto de corrupción, aprovechando su cargo dentro de la agencia.
En el Congreso, quien propuso el primer debate desde que empezaron los arrestos por este tema, fue el senador del Polo Democrático Jorge Robledo, quien expuso que el Banco Agrario le entregó un crédito, irregular a su parecer, al concesionario Navelena, con el cual Odebrecht entró en el proyecto para recuperar el río Magdalena. En septiembre de 2015, sin embargo, ya la Superintendencia de Sociedades había determinado que la Constructora Norberto Odebrecht de Colombia tenía un patrimonio negativo de más de $3.000 millones (poco más de US$1 millón) y, de no arreglarlo, podría entrar en disolución.
En esta avalancha de sucesos, la Fiscalía ya había citado a entrevista a la ex ministra de Transporte Cecilia Álvarez por las denuncias que presentó en su momento con respecto a las irregularidades en las adiciones que se presentaron en el ahora famoso contrato. El ente investigador anunció que también llamaría a entrevista a tres viejos conocidos en los asuntos judiciales del país: Manuel, Miguel y Guido Nule. Los condenados empresarios deberán explicar la reunión que sostuvieron con el entonces viceministro de Transporte y director encargado del Inco, Gabriel García Morales, y el consejero presidencial para las regiones, Miguel Peñaloza, frente al proceso de licitación del millonario contrato.
