La aplicación de la justicia, con ética, no con política, es la clave para ello, de acuerdo a la analista de InSight Crime, Deborah Bonello.

La captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, muestra que México es capaz de localizar a sus fugitivos más buscados si hay suficiente voluntad política, opina Deborah Bonello de InSight Crime.

Sin embargo, advierte que si las autoridades quieren eliminar el abuso de poder por parte de los funcionarios, la ética, en lugar de la política, debe ser la clave detrás del rastreo de estas personas.

El ex militante del Partido Revolucionario Institucional fue detenido en un hotel de lujo en Panajachel, pueblo turístico del departamento de Sololá en Guatemala.

Al momento de su captura trató de negar su identidad a la policía del país centroamericano; sin embargo, más tarde declaró: “Así es, señores, soy Javier Duarte de Ochoa, soy el gobernador, no me queda más que decir la verdad”, de acuerdo con reportes públicos de las autoridades guatemaltecas.

El ex titular del Ejecutivo estatal enfrenta cargos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Deborah Bonello indica que el caso de Duarte se ha convertido en uno de los ejemplos de la corrupción institucional que existe en México.

Durante su administración, Veracruz sufrió un deterioro en materia de seguridad. En febrero del año en curso, la organización International Crisis Group calificó a la entidad como “del terror”. Expuso que el estado veracruzano enfrentaba la “terrible” realidad de más de una década de violencia y corrupción.

En un reporte, este think tank internacional expuso que al menos 2.750 personas se presumían desaparecidas en el estado, cuyo exgobernador para ese entonces aún era buscado por numerosos cargos.
Autoridades mexicanas “merecen algún crédito”

La colaboradora de InSight Crime, sitio especializado en crimen organizado en las Américas, observa que la captura de Duarte ocurrió a menos de una semana del arresto de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, en Florencia, Italia.

“Las autoridades mexicanas merecen algún crédito por la detención de Duarte, como en el caso de captura de cualquier fugitivo”, indica Bonello. Lo mismo puede decirse de Tomás Yarrington, quien es acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero y operaciones ilícitas en Estados Unidos.

Pero ambos arrestos, afirma, se basan más en fuerzas políticas que éticas, destacando los viejos problemas dentro del sistema de justicia en México.

InSight Crime refiere que el PRI “está desesperado por demostrar fuerza en asuntos de corrupción y abuso de poder antes de las elecciones para gobernadores en junio del 2017 y las elecciones presidenciales en el 2018”.

Duarte y su mal desempeño, argumenta Deborah Bonello, contribuyeron a que el PRI perdiera el estado de Veracruz el año pasado por primera vez en la historia.

Otros criminales más peligrosos en México siguen eludiendo a la justicia, pero las autoridades mexicanas lograron localizar a Yarrington y Duarte en otros países, con la ayuda de otras agencias policiales.

“En algunos casos, parece que las autoridades mexicanas demoran acciones decisivas hasta que se vuelven incapaces de resistir la creciente presión para localizar y detener a estos sospechosos”, se lee en el análisis de InSight Crime.

Abunda que a la justicia mexicana le tomó años actuar en contra de Duarte y únicamente lo hizo después de que sus “ostentosos abusos” se volvieran imposibles de ignorar. “Podría decirse que el PRI no tenía otra opción que reprimirlo”, argumenta la analista.