El apoyo público a la mandataria está en su peor nivel histórico, de acuerdo a las encuestas, por la decepción de la ciudadanía ante los escándalos políticos y financieros que han salido a la luz en los últimos meses.

Santiago. La baja en la popularidad de la presidenta chilena por una serie de casos de corrupción, tráfico de influencias y divisiones en el oficialismo está acentuando las presiones por un plan de medidas de probidad y un eventual ajuste de gabinete para dar un nuevo impulso a sus reformas.

El apoyo público a la mandataria está en su peor nivel histórico, de acuerdo a las encuestas, por la decepción de la ciudadanía ante los escándalos políticos y financieros que han salido a la luz en los últimos meses.

Bachelet, que asumió en marzo del año pasado con la promesa de cambiar el rostro de uno de los países con peor distribución de la riqueza en América Latina, logró en menos de seis meses de mandato la aprobación de una millonaria reforma tributaria, junto con cambios profundos en el sistema educativo y electoral.

Pero la aprobación inicial de la mandataria y el brillo de sus logros quedaron empañados por la polémica en torno a las acusaciones de tráfico de influencias contra su hijo, por la aprobación de un millonario crédito, o los desvíos de dinero de empresarios a campañas de políticos de todas las tendencias.

"Evidentemente hay una crisis política y de confianza de enorme gravedad, pero no es una crisis institucional", dijo Ricardo Israel, analista político y ex candidato presidencial.

"Es una crisis que ha sido precipitada además por el deterioro de la presidenta. Es una figura política muy especial, como no ha habido otra en la época moderna de Chile, que tenía una relación directa con la gente basada en la confianza y que sólo la podía destruir ella misma y es lo que ocurrió", agregó.

El grupo financiero Penta y la minera SQM están en el foco de una investigación por aportes irregulares a campañas políticas a través de facturas por servicios que en realidad no se prestaron.

El hijo de la gobernante Sebastián Dávalos Bachelet, en tanto, es investigado por un millonario crédito que recibió una sociedad de su esposa por parte del mayor banquero del país.

El destape de este último caso forzó la renuncia de Dávalos a un cargo de Gobierno, lo que generó mucho malestar en el oficialismo por los costos políticos y la lentitud con la que actuó la propia mandataria, dijo una fuente de Gobierno que pidió reserva de su nombre.

Bachelet, quien es la única que ha gobernado en dos períodos al país desde el retorno a la democracia, admitió la semana pasada que no supo "condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios".

Medidas de probidad. Un sondeo de la firma CERC-Mori aseguró que la confianza en la democracia está en su peor nivel desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990.

Para navegar en la crisis, la mandataria planea anunciar el martes o miércoles -en un mensaje amplio a la nación- un extenso plan de medidas de probidad y transparencia en la política.

En la antesala de los anuncios, Bachelet recibió una serie de propuestas de un grupo asesor para combatir la corrupción, que sumadas a iniciativas que ella venía elaborando, deberían trazar las nuevas directrices sobre esta área para uno de los países más estables y con mejor grado de inversión de América Latina.

"Bachelet debe definir el espacio institucional y las medidas administrativas para abordar este plan de probidad. La austeridad de los funcionarios públicos, como también los espacios que requieren legislación para transparentar el financiamiento de la política", dijo el analista político Guillermo Holzmann.

La mandataria apoyaría la idea de una eliminación total de los aportes de las empresas a la política, con una fuerte regulación de los mecanismos de financiamiento de campañas.

"Sinceridad y acción". Cuando la presidenta recibió el informe del consejo asesor "ad-hoc" en temas de probidad, enfatizó que era la hora de la "sinceridad y de la acción. De otra manera, el país no va a devolvernos su confianza".

Pero políticos de la oposición y analistas no descartan que la gobernante vaya más allá en su próximo mensaje y realice un profundo "mea culpa" en torno a los escándalos y la baja en la confianza en las instituciones, para marcar un antes y un después.

"Las características de las crisis no se superan si no hay un equivalente al "nunca más" del general Cheyre", dijo Israel, aludiendo al momento en que el entonces comandante en jefe del Ejército asumió la responsabilidad de la institución por los crímenes cometidos bajo la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Lograr un punto de inflexión es crucial para Bachelet, a quien le restan casi tres años de mandato con la tarea pendiente de sacar adelante la segunda fase de una reforma educacional, cambiar las leyes laborales y crear una nueva constitución.

En este escenario, algunos políticos oficialistas y ex ministros del anterior gobierno de Bachelet, como Edmundo Pérez-Yoma, han manifestado la necesidad urgente de un cambio de gabinete, mientras otras figuras como el socialista y saliente jefe de la OEA, José Miguel Insulza, desestiman esa posibilidad.

Desde el Gobierno afirman que un ajuste ministerial es una decisión exclusiva de la mandataria.

Bachelet sólo ha dicho que cuando realice un cambio de gabinete se asegurará de que los nuevos integrantes "sean personas que estén por empujar las reformas estructurales que Chile necesita".