“No en nuestro nombre”, dicen los "indignados", quienes acusan a los políticos del gobernante PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y el PP de ser “los mismos que no quisieron tocar la Constitución en 30 años y ahora dicen que es inminente y necesario”.
Madrid. El movimiento de los “indignados” volvió a la calle en distintas ciudades de España para rechazar la reforma de la Constitución pactada por el gobierno socialista y el derechista Partido Popular (PP) para limitar el déficit público, y exigir que sea sometida a referéndum.
En Madrid, está convocada una marcha a partir de las 18.00 horas desde Atocha hasta la Puerta del Sol, bajo el lema “No a esta reforma de la Constitución. ¡Ni un paso atrás!”.
Allí, los manifestantes celebrarán una asamblea para debatir sobre esta reforma que consideran un ataque frontal al Estado de Bienestar.
En Barcelona, la concentración será a partir de las 19 horas en Plaza Cataluña.
También habrá protestas en Valencia, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián, Logroño, Málaga, Cáceres, Gran Canaria, Zaragoza, entre otros, según anuncian las distintas asambleas del movimiento de los "indignados".
“No en nuestro nombre”, dicen los "indignados", quienes acusan a los políticos del gobernante PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y el PP de ser “los mismos que no quisieron tocar la Constitución en 30 años y ahora dicen que es inminente y necesario”.
“Esta reforma es un atentado contra la democracia ciudadana, porque está impuesta desde la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para calmar a los mercados financieros. El texto responde a los intereses económicos neoliberales”, advierten los activitas de Barcelona en un comunicado.
La reforma, promovida en plena crisis de la deuda por el presidente francés Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Ángela Merkel, fue anunciada el pasado martes en el Congreso por jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, luego de llegar a un acuerdo con el líder del PP, Mariano Rajoy.
En 72 horas, los dos grandes partido habían cerrado ya los detalles del pacto para modificar el artículo 135 de la Carta Magna para introducir el principio de estabilidad financiera en las cuentas públicas y fijar un límite al déficit en una futura ley orgánica.
El pacto PSOE y PP garantiza que la reforma sea aprobada sin referéndum, ya que los grupos opositores no suman el número mínimo de disputados o senadores necesarios para forzar la consulta popular, que es del 10%.
El gobierno y la oposición aseguran que el objetivo de la reforma es “reforzar la confianza y la solvencia de España” en plena crisis de la deuda soberana que afecta a la zona euro.
Sin embargo, la izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales advierten que el problema de la crisis no es el déficit público sino la deuda privada fomentada por los bancos. También varios Premios Nobel y catedráticos de Economía señalaron que la reducción del déficit estrangula las posibilidades de recuperación económica y creación de empleo.
Es la primera vez en 30 años que los dos grandes partidos de España llegan a un acuerdo para reformar la Constitución de 1978, cuya única modificación se llevó a cabo en 1992 para adaptarla al Tratado de Maastricht por la incorporación de España a la UE.
