En Madrid, cientos de trabajadores cortaron el tráfico entre las céntricas plazas de Cibeles y Puerta del Sol, ante la sede del gobernante Partido Popular o ante diferentes centros de trabajo, como ministerios y consejerías regionales.
Madrid. Miles de funcionarios rechazaron el viernes los recortes anunciados esta semana por el gobierno español, en la tercera jornada consecutiva de protestas de diferentes colectivos contra unas medidas de austeridad gubernamentales que pretenden alcanzar el objetivo de reducción de déficit.
En Madrid, cientos de trabajadores cortaron el tráfico entre las céntricas plazas de Cibeles y Puerta del Sol, ante la sede del gobernante Partido Popular o ante diferentes centros de trabajo, como ministerios y consejerías regionales.
"Hasta ahora los funcionarios han estado aguantando las primeras medidas porque había que ser solidarios, pero esto ya ha llegado a un límite", dijo en la protesta Pedro, un enfermero de 41 años. "Esto no lo han creado los funcionarios, lo han creado los políticos".
El gobierno anunció el miércoles una batería de medidas para realizar un ajuste presupuestario en los dos próximos años y medio de 65.000 millones de euros, el mayor en la historia de la democracia española, con el fin de alcanzar la ambiciosa meta pactada con la UE de reducir el déficit público hasta el 2,8% en 2014 desde el 8,9% de 2011.
Dentro de ese paquete, los empleados públicos, que en los últimos años ya habían visto recortado su salario, han visto reducidos sus días de libre disposición y perdido su próxima paga extra de Navidad en la última hornada de medidas.
La jornada del viernes transcurrió de forma ruidosa pero pacífica en el centro de la capital, donde podían verse banderas sindicales, camisetas negras de los mineros, las verdes que han llevado los profesores de educación pública en sus movilizaciones o algunas más variopintas, como las que emulaban el logo de la página de vídeos YouTube con la frase "Una vez YoTuve derechos laborales y sociales".
"La inmensa mayoría de los empleados públicos ha salido a mostrar su desacuerdo con las medidas del Gobierno que hacen pagar a los trabajadores una crisis que han generado los banqueros", afirmó Julio, de 51 años y que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid.
Funcionarios de prisiones, estatales o de la Comunidad de Madrid eran algunos de los manifestantes el viernes, cuando hasta los trabajadores del mismo palacio presidencial de la Moncloa abuchearon al gobierno antes del Consejo de Ministros, uno de los más trascendentales de los últimos tiempos.
El colectivo ciudadano del 15M, surgido el año pasado contra la clase política y el sistema económico, estaba llamando a través de la red social Twitter a una concentración nocturna ante la sede del PP y del principal partido de la oposición -el Partido Socialista-, y ante el Congreso, para terminar en la simbólica Puerta del Sol, donde hace un año protagonizaron las protestas más multitudinarias registradas en los últimos años en España.
Funcionarios v/s políticos. Tras el anuncio del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el pasado miércoles en el Congreso se ha agudizado el enfrentamiento entre los empleados públicos y los dirigentes políticos, después de que varios miembros del Ejecutivo insinuaran que los funcionarios trabajan menos que el resto de los españoles.
"Tenemos mala fama, pero el funcionario no es vago (...) no sólo somos la administración, somos los bomberos, la policía, la sanidad, la educación. El Gobierno está haciendo una criba y está separando España entre funcionarios y no funcionarios, y está entrando en una lucha contra nosotros", dijo Susana Calvo, informática del Ministerio de Hacienda de 48 años que se manifestaba en el centro de la capital.
En el colectivo de empleados públicos aún escuecen las palabras del secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, que hace unos meses dijo que los funcionarios "tienen que olvidarse del cafelito y leer el diario".
"Se nos vende como privilegiados, pero han sido mucho años de prepararse para conseguir nuestro puesto de trabajo. Hay gente que opta por una carrera más rápida, y nosotros luchamos por una carrera de fondo. En la época de las vacas gordas se nos veía como a los pringados que trabajábamos por dos duros, y ahora pagamos los platos rotos", dijo Prado Córdoba, de 46 años y funcionaria informática de la Agencia Tributaria.
Entre las medidas que afectan a los empleados públicos también se encuentran la reducción de los días para su libre disposición (los llamados "moscosos"), facilidades para su movilidad y un ajuste en el número de liberados sindicales.
Según fuentes sindicales, la eliminación de la segunda paga extraordinaria de este año supone un recorte de entre el 3,5 y el 7% del sueldo anual de los empleados públicos, lo que se suma a la reducción del 5 por ciento sobre su salario que realizó el Gobierno socialista en 2010, que también les congeló el salario en 2011. El actual Ejecutivo les volvió a congelar el salario para este año.
Incluso algunas comunidades autónomas han acometido recortes adicionales sobre las condiciones de su sector público, como el aumento de las horas laborales o rebajas de sueldo.
Un julio de protestas callejeras. Las protestas de los funcionarios llegan después de la "marcha negra" de los mineros, que, tras llegar a pie a la capital desde las cuencas del carbón en el norte de España, congregaron el miércoles a miles de personas por el centro de Madrid.
El final de esa marcha ante el Ministerio de Industria se saldó con cargas policiales y 18 detenidos, a diferencia de las protestas de los funcionarios, que se han desarrollado sin incidentes y con escasa presencia policial. Un testigo de Reuters señaló el viernes que alguno de los policías de servicio que supervisaban la protesta expresó su apoyo a los participantes.
Los funcionarios han convocado más protestas para el próximo 19 de julio, en una jornada en la que las dos grandes centrales sindicales, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), llevarán a cabo movilizaciones generales en toda la geografía española.
Los recortes de esta semana también incluyen reformas tributarias que empiezan por una subida del IVA a partir de septiembre, así como la reducción de las prestaciones por desempleo, eliminación de empresas públicas o límites al número de concejales en ayuntamientos, entre otros cambios.