La investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), puso en evidencia las fallas del sistema judicial en México. En Alemania cuentan su experiencia.

“Le hemos dicho al Estado mexicano que es muy importante que haya una resolución efectiva del caso Ayotzinapa con credibilidad, de lo contrario este caso seguirá persiguiendo a México durante muchos años“, afirma el médico español Carlos Beristáin. 

El especialista en el trato a víctimas de violaciones a Derechos Humanos es uno de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA.

El grupo fue conformado para investigar las agresiones ocurridas el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, que condujeron a la desaparición de 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa. 

Dos meses después de los sucesos, tanto la deficitaria investigación de las autoridades mexicanas, como la desconfianza de los familiares en éstas, llevó a la conformación del grupo, que tuvo el visto bueno tanto del Gobierno mexicano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

La misión del grupo era aclarar el paradero de los estudiantes, fortalecer y evaluar la investigación de las autoridades, así como el trato a las víctimas y a sus familiares. El grupo presentó dos informes. El primero, del 6 de septiembre de 2015, reveló notables inconsistencias en la investigación oficial sobre la que se sustentaba la llamada “verdad histórica“, como fue anunciada por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Las fallas de la “verdad histórica". “Nosotros descubrimos que la versión oficial no era cierta. Los normalistas no fueron confundidos por nadie del crimen organizado, las autoridades los monitorearon tres horas antes de llegar a Iguala, sabían qué estaban haciendo, quienes eran y a qué iban a Iguala. No fueron a boicotear un acto político de la presidenta municipal del DIF, llegaron una hora después de que el evento había terminado“, relata Beristáin.

“Además desapareció un autobús. Ese quinto autobús no existía en la investigación oficial. Lo descubrimos trabajando con los normalistas. Hubo pruebas, videos que se perdieron, que nunca se tuvieron en cuenta por las autoridades de la PGR. Hubo videos del Palacio de Justicia (de Iguala). Hablamos con el informático que entregó esas grabaciones a la presidenta del Tribunal y esas grabaciones fueron destruidas. Hemos pedido que se tienen que investigar esas responsabilidades“, dice.

Carlos Beristáin y dos miembros más del GIEI llegaron a Alemania invitados por el Ministerio alemán del Exterior. Se reunieron con diputados de las comisión parlamentaria Alemania y México y la de Derechos Humanos. También se reunieron con representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.

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Confesiones bajo tortura y el basurero de Cocula. Entre las irregularidades más graves, descubrieron que los cinco testigos cuyas declaraciones son la base de la versión oficial fueron torturados. “Esas cinco personas tienen informes realizados por la propia PGR que muestran serios indicios de haber sido torturadas, lo cual cuestiona la validez de esas declaraciones, que de por si son muy contradictorias“, señala Beristáin.

Esos testigos “confesaron“ que los 43 estudiantes fueron incinerados en una hoguera bajo cielo abierto en el basurero de Cocula. “Hicimos un peritaje que mostraba que la quema masiva de 43 cuerpos, como señalaba la historia oficial, no había sucedido“.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes también descubrió a través de fotografías de periodistas, que el hallazgo de una bolsa en un río, en donde supuestamente se habían encontrado restos óseos calcinados, entre los cuales se identificó a uno como perteneciente a Alexander Mora, uno de los 43 desaparecidos, no tuvo lugar el día 29 como asegura la versión oficial. 

“Hubo un operativo el día anterior, el día 28, en el que estuvo el jefe de la agencia de investigación criminal y varios miembros del equipo forense de la PGR. Ahí hubo un detenido que sería llevado al día siguiente, pero fue llevado un día antes de forma ilegal porque no hay soporte jurídico en el expediente, ni llegó con su abogado defensor“, dice el experto y advierte que las circunstancias comprometen una prueba central.

27 Batallón de Iguala. El Gobierno mexicano no permitó a los expertos entrevistar a miembros del 27 Batallón del Ejército, con base en Iguala. “Estuvieron en dos escenas del crimen, en donde los normalistas fueron agredidos, atacados, bajados de los buses y después desaparecidos“, señala Beristáin. Tampoco respondieron las autoridades adecuadamente a la petición de los expertosde información sobre hornos crematorios y el consumo de gas, otra de las líneas de investigación.

El Gobierno mexicano no prolongó el mandato de los expertos y declaró la cooperación con el GIEI por terminada el 30 de abril. El 24 de abril los expertos presentaron su segundo y último informe que revela la gran canatidad de omisiones, irregularidades y bloqueos ocurridos en torno a las investigaciones.

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20 recomendaciones para resolver el caso. Los expertos entregaron al Estado mexicano un listado que comprende 20 recomendaciones para resolver el caso. “Es la investigación más amplia que se ha hecho en México sobre un caso emblemático que tiene que resolverse, no se puede ocultar, ni tratar de dar carpetazo. Es una herida permanentemente abierta para los familiares, y sí se puede resolver, pero hay que hacer cosas que no nos han dejado hacer“, afirma Beristáin.

Los expertos señalan que el valor que tiene la declaración y la confesión en el sistema penal mexicano es enorme. "Se usa poco la prueba pericial, en detrimento de usar siempre la declaración como si fuera la prueba fundamental, lo que abre la puerta a la tortura y a la tergiversación de los contenidos de la investigación". También critican la fragmentación del caso, con desaparecidos que son investigados en Tamaulipas, asesinados que son investigados en Guerrero, detenidos que están en Nayarit. "Esa brutal fragmentación del caso va a generar impunidad", advierte Beristáin.
La GIEI también critica que se investigue el caso bajo el delito de secuestro, y no de desaparición forzada. Y que no se investigue la tortura que sufrieron los estudiantes, como es el caso de Julio César Mondragón. "Este caso ha tocado la conciencia del mundo y el acompañamiento internacional es fundamental", concluye.