Un informe fue el resultado de encuentros con actores políticos y sociales para conocer la situación de las empresas y las garantías.

La industria mexicana tiene una conciencia baja sobre la expectativa de la debida diligencia en materia de derechos humanos, de acuerdo con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.

Al concluir su visita oficial de 10 días al país, el equipo de especialistas ofreció un informe preliminar de su trabajo, que incluyó reuniones con funcionarios de gobierno, empresas, actores de la sociedad civil y comunidades indígenas.

El documento advierte que las principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a la empresa están relacionadas con un ejercicio 
inadecuado de debida diligencia por parte del gobierno y las empresas en el diseño e implementación de proyectos a gran escala.

Asimismo los expertos detectaron falta de conciencia empresarial de los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, cuyo fin es mejorar las normas y prácticas en esta relación. “Cada vez más, las empresas grandes hacen informes anuales de sostenibilidad, pero en esta visita no vimos ejemplos de esos informes que demuestren que la debida diligencia está integrada en las operaciones de la empresa”.

En entrevista, Pavel Sulyandziga, quien actualmente preside el Grupo de Trabajo, declaró a su vez que la corrupción y la criminalización de actores que defienden estas causas son obstáculos básicos que impiden una relación sana entre empresas y derechos humanos.

“La solución del problema de la corrupción es uno de los más importantes caminos (...) Si existe corrupción y la gente sospecha o conoce de ello, conlleva a otras consecuencias como la desconfianza y percepción de injusticia (...) Conduce a una sociedad que comienza a descomponerse”, advirtió Sulyandziga.

“Evitar daños o impactos negativos a las personas, especialmente a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, no debería considerarse una carga sino una oportunidad para fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible. No se trata de ser generosos, sino de respetar derechos”, dijo Dante Pesce, el otro miembro de la delegación del Grupo de Trabajo, quien afirmó también que existe en el país una relación “incestuosa” entre el dinero, la política y los proyectos industriales.

“Se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas, prácticas, pero también mentalidades para fomentar una cultura de transparencia”, concluye el grupo.