El ministerio de Defensa confirmó que la ex candidata presidencial y su familia presentaron una acción de conciliación contra esa cartera, que se declaró "sorprendida y apesadumbrada" por la solicitud.

Bogotá. El Gobierno Nacional prepara una extrema defensa frente a la demanda que presentó Ingrid Betancourt contra el Estado colombiano por el secuestro del cual fue objeto por más de seis años.

El ministerio de Defensa señaló este viernes que no encuentra elementos objetivos para las pretensiones de la ex candidata presidencial, toda vez que ella fue advertida del peligro que corría si viajaba en campaña política a San Vicente del Caguán y decidió asumir la responsabilidad de esa acción.

Betancourt y su familia presentaron una acción de conciliación contra el ministerio de Defensa para exigir el pago de 13.000 millones de pesos (US$6,9 millones) por los perjuicios ocasionados durante su cautiverio.

El ministerio recibió dos solicitudes de conciliación que alcanzan esa suma por parte de la ex candidata, su madre y sus hijos el pasado 30 de junio.

Fuentes de Casa de Nariño señalaron que Ingrid desconoció y despreció las advertencias de seguridad cuando viajó a San Vicente del Caguán; por ende, también es responsable de haber terminado en manos de la guerrilla.

"El ministerio de Defensa tiene la convicción de que no existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en el secuestro de Ingrid Betancourt", dice el comunicado leído por el secretario general Luis Manuel Neira.

El Presidente Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, Gabriel Silva, prefirieron no referirse al tema en las primeras horas de este viernes, ya que son parte activa del proceso. Sin embargo, el caso es analizado por los asesores jurídicos del Gobierno y se espera una férrea defensa de parte del Ejecutivo, que se fundamenta en los enormes esfuerzos para liberarla, no sólo a ella sino también a los tres norteamericanos y a los once militares y policías, en desarrollo de la ‘Operación Jaque'.

El ministerio de Defensa se declaró "sorprendido y apesadumbrado" por la solicitud de la ex candidata presidencial, al no reconocer el esfuerzo y empeño de las Fuerzas Militares que arriesgaron su vida en pos de su liberación y de la de 14 secuestrados más, en la Operación Jaque, la cual "la propia Ingrid calificó como perfecta".

"Como es de conocimiento público, la doctora Ingrid Betancourt Pulecio, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la Fuerza Pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de san Vicente del Caguán, Caquetá, donde tenía a un acto en desarrollo de su campaña política", dice la nota oficial leída por Neira.

A su turno, el ex comisionado de paz Camilo Gómez manifestó que en el ministerio de Defensa existe un documento firmado por Ingrid Betancourt en el que se responsabiliza de su seguridad, al rechazar las advertencias del Gobierno y las Fuerzas Militares.

"El día en que fue secuestrada la ex candidata presidencial llegó a un retén militar en el que se le impidió el paso, ya que era una zona de conflicto y de alta peligrosidad. En el retén ella firmó un documento en el que asumía la responsabilidad de los que le pasara", puntualizó Gómez.

Por su parte, la familia Betancourt sustenta esa acción de conciliación en que varios oficiales del Ejército el día de su secuestro, el 23 de febrero de 2002, le garantizaron que no sucedería nada y que no corría peligro el día que fue secuestrada por las FARC en una carretera del sur del país.

Los procedimientos legales señalan que en caso de no existir una conciliación entre el Ministerio de Defensa y la familia Betancourt, tendrán que pasar a una demanda ante un juez.

La ex candidata presidencial fue secuestrada por las FARC el 23 de febrero de 2002, junto a la entonces su compañera para la vicepresidencia, Clara Rojas.

Betancourt fue rescatada junto a otros 14 rehenes por el Ejército el 2 de julio de 2008, en la denominada Operación Jaque, una acción maestra de las Fuerzas Armadas de Colombia que, sin disparar un solo tiro y en un impecable trabajo de inteligencia, se le propinó a la guerrilla de las FARC el golpe militar y político más contundente en su historia de violencia en el país.

El siguiente es el texto del comunicado oficial del Ministerio de Defensa:

El Ministerio de Defensa Nacional se permite informar a la opinión pública que:

• El pasado 30 junio el Ministerio de Defensa Nacional recibió dos solicitudes de conciliación extrajudicial con las cuales la señora Ingrid Betancourt Pulecio y sus familiares: Yolanda Pulecio de Velez, Astrid Yolanda Betancourt Pulecio, Melanie Claire Delloye Betancourt y Lorenzo Delloye Betancourt, a través de su apoderado, doctor Ernesto Juan Gabriel Devis-Morales, convocan a la Nación - ministerio de Defensa Nacional (Ejército – Policía Nacional) y a la Nación - ministerio del Interior y de Justicia, para conciliar, en cumplimiento del literal K del artículo sexto del Decreto 1716 de 2009, los perjuicios que en opinión de ellos les fueron causados con ocasión del secuestro de la señora Ingrid Betancourt Pulecio.

• Los perjuicios antes mencionados son estimados por los convocantes en la suma global aproximada de 13 mil millones de pesos.

• El ministerio de Defensa se declara sorprendido y apesadumbrado por la presentación de las referidas solicitudes, máxime por el esfuerzo y empeño de la Fuerza Pública en la planeación y ejecución de la operación Jaque, en la que mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas arriesgaron su vida en pos de la libertad de los secuestrados y que la propia doctora Ingrid Betancourt calificó como “perfecta”.

• Como es de conocimiento público, la doctora Ingrid Betancourt Pulecio, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la Fuerza Pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política.

• El ministerio de Defensa Nacional tiene la convicción de que no existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en estos hechos.