El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, señaló que con este reconocimiento busca contribuir a la reparación integral de las víctimas e hizo un llamado para que hechos así no se repitan.

“Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón”, con esas palabras este viernes y después de 30 años, el Estados colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, pidió perdón por las atrocidades que se presentaron durante la sangrienta recuperación militar del Palacio de Justicia, tomado por guerrilleros del M-19.

“Aquí, hace 30 años, este edificio construido para impartir justicia fue escenario de horrores y atrocidades. Es un suceso que vivirá por siempre en la memoria de los colombianos, aquí se vivió la guerra misma… esa guerra de explosiones y ráfagas de fusil”, señaló Santos al reconocer la enorme responsabilidad del Gobierno en esa confrontación violenta en pleno centro de Bogotá.

Y recordó que en ese emblemático edificio se sacrificó a la Justicia y a sus más altos magistrados, además de abogados, funcionarios y visitantes ocasionales del Palacio, “aquí comenzó la tragedia de otros tantos que hasta este momento se sigue descubriendo en todos sus detalles”.

Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 la extinta guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y tomó decenas de rehenes para presionar al entonces presidente Belisario Betancur, con quien sostenía negociaciones de paz. La acción rebelde motivó el ingreso del Ejército con tanques de guerra, en una operación de retoma devenida en masacre.

“Han pasado 30 años y los recuerdos siguen vivos en todos nosotros: la angustia, las llamas, la operación de rescate, la zozobra institucional (…) por eso es tan simbólico conmemorar estos 30 años en un contexto en que Colombia avanza hacia la paz, pero no una paz cualquiera –como ya dije– sino una paz que reconozca y haga posibles los derechos de las víctimas”.

Santos señaló que todavía persiste una deuda moral con las víctimas y familiares del Palacio de Justicia que deberá ser saldada con avances significativos en las investigaciones penales, la condena de los responsables, el establecimiento del paradero de los desaparecidos, la adecuada reparación a las víctimas y sus familiares y –sobre todo– el esclarecimiento de la verdad.

Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por:

• Las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda.

• Por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.

Con estos hechos el Estado violó el deber de respeto y garantía a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

• Por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por 16 años, y de Norma Constanza Esguerra Forero hasta la actualidad, lo que generó la violación del derecho a la vida en relación del deber de respeto y garantía de la Convención Americana.

• Por la detención y tortura de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal. En perjuicio del señor Rubiano, el Estado también violó su derecho a la vida privada.

La Corte consideró que algunos de los maltratos a los que fue sometida Yolanda Santodomingo Albericci fueron agravados en su condición de mujer y en razón de su género.

• Por la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal.

Por último, el jefe de Estado destacó que la razón de ser del acuerdo suscrito hace pocos días entre el Gobierno y las Farc es, precisamente, procurarles a los familiares la satisfacción de su derecho a saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos.

“Ya se están ejecutando las primeras acciones para elaborar un plan de recomendaciones –que debe estar listo en menos de cuatro meses– para fortalecer las capacidades institucionales y la participación de las víctimas en la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas como desaparecidas”.

Y agregó, “¡No queremos más desapariciones! Por eso hoy –ante los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia– les digo que no vamos a descansar ni vamos a ahorrar ningún esfuerzo para encontrarlos”.