El gobierno de Quito considera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está parcializada en este tema y que posiblemente existe un conflicto de intereses.

El Estado ecuatoriano envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su contestación y argumentos a las cinco preguntas realizadas por este organismo internacional sobre las cadenas nacionales emitidas contra Fundamedios, organización que denunció en esta instancia riesgos a la libertad de expresión en el país.

En su respuesta indica que la CIDH está parcializada en este tema y que posiblemente existe un conflicto de intereses, pues asegura que Fundamedios está financiada por medios, bancos y organismos de la OEA.

También asegura que “existen constantes violaciones a los tratados internacionales en materia de libertad de expresión por parte de ciertos medios que ejercen censura previa a sus periodistas y no permiten la rectificación cuando un simple ciudadano siente afectada su honra por informaciones inexactas o agraviantes”.

Para el gobierno, realizar sus cadenas de televisión y radio no sería necesario, sino convocar a ruedas de prensa para informar a la ciudadanía sobre asuntos de interés nacional, “si los medios de comunicación privados respetaran el derecho a informar y de ser informados (...) Dichas cadenas simplemente buscan informar adecuadamente respecto a hechos que no se publican jamás en los medios con mayor circulación...”.

Así respondió a la pregunta sobre la finalidad del Estado al emitir la cadena nacional el 1 de noviembre pasado, en donde se habla del director de Fundamedios, César Ricaurte.

¿Se adecúa a la ley? La Comisión Interamericana también requirió conocer si la finalidad de tales cadenas se adecúa a la ley; si hubo una constatación de los hechos mencionados en estas según los términos establecidos por la Corte Interamericana, y si en Ecuador las personas que se sientan afectadas cuentan con mecanismos equitativos para controvertir lo afirmado.

La respuesta suscrita por el canciller Ricardo Patiño alega que el artículo 59 de la Ley de Radiodifusión y Televisión dispone que las estaciones están obligadas a transmitir los informes del presidente sobre las actividades de los diversos organismo públicos, “y en este caso el gobierno informó respecto a las actividades generadas en torno a la visita de varios funcionarios a la audiencia del 25 de octubre y los argumento que se desarrollaron en la referida audiencia”.

Y asegura que en las cadenas no se realizan acusaciones de ninguna índole y se indica la fuente de la información, por lo que esta puede ser verificada. También aclara que la cadena “no es un espacio de polémica”, sino de información, por lo que “no cabe que se solicite un espacio para aclaraciones en el mismo sistema compulsorio de programación”. Sin embargo, cita que sí se han hecho rectificaciones a sus cadenas durante enlaces sabatinos.

Las inquietudes de la CIDH sobre las medidas que ha tomado el régimen para proteger a las personas que participaron en la audiencia y si se han iniciado investigaciones por las amenazas y agresiones recibidas tras la audiencia, la Carta Magna ecuatoriana indica que no se ha violado el art. 63 del reglamento de la CIDH, que el Estado conoce que no se puede ni deben tomar retaliaciones contra las personas que concurren a las audiencias a denunciar, y que el Gobierno ofreció protección policial a Ricaurte, pero él se negó a aceptarla. Y que además el Estado no ha recibido ninguna petición de protección respecto de los representantes de la sociedad civil que asistieron a la audiencia de octubre.

Comunicación enviada a Washington. Argumentos del régimen: La respuesta de Ecuador fue enviada el 18 de noviembre al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Canton.

Son noventa páginas que incluyen anexos con supuestos casos de censura previa en medios privados y agresiones contra periodistas de medios públicos, entre otros. El requirimiento se hizo el 4 de noviembre y había siete días para responder.