En un hecho inédito, el Gobierno repartirá este monto en principio entre 13 familias de las víctimas ejecutadas extrajudicialmente en junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, ubicado en el Estado de México, que rodea a la capital.
México DF. El Gobierno de México dijo el jueves que indemnizará con más de 50 millones de pesos (US$3.32 millones) a los familiares de 15 personas que fueron ejecutadas por militares a mediados del año pasado, un caso que puso en jaque al Ejército.
En un hecho inédito, el Gobierno repartirá este monto en principio entre 13 familias de las víctimas ejecutadas extrajudicialmente en junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, ubicado en el Estado de México, que rodea a la capital.
"Es la primera vez que el Gobierno repara de esta forma a familias por una situación tan grave. Son en total 13 (familias) que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fueron víctimas", dijo a Reuters Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Hay dos víctimas de esas 15 que no han sido identificadas, con lo cual la indemnización se entregará cuando se establezca su identidad.
"Ya hemos comenzado (los pagos) con la primera familia, así seguiremos durante la semana, con más", añadió el comisionado, jefe de un organismo estatal creado para atender a miles de víctimas de la violencia relacionada con el combate al crimen organizado en México.
Cuando ocurrió el incidente, el Gobierno dijo que militares dispararon en defensa propia contra 22 presuntos criminales, a quienes mataron, entre ellos a una menor de edad.
Pero meses después medios extranjeros revelaron que había indicios de que habían existido ejecuciones extrajudiciales, hasta que la revista Esquire publicó la narración de una joven que aseguró que los militares dispararon a quemarropa contra los detenidos, pese a que ya se habían rendido.
Los siete restantes del grupo de 22 no fueron establecidos como ejecuciones extrajudiciales.
En octubre del año pasado, el ex fiscal federal, Jesús Murillo, dijo que tres militares irían a prisión por su presunta participación en el caso, acusados por el delito de homicidio.
Este hecho cimbró al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en la segunda mitad del año pasado, sobre todo después de que 43 estudiantes fueron presuntamente secuestrados por policías y masacrados por un grupo criminal en el sureño estado de Guerrero.
