Según cifras oficiales, luego de alcanzar su punto máximo a finales de la década de 1970, el consumo de estupefacientes en dicha nación se ha reducido un tercio.

El director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, R. Gil Kerlikowske, dijo ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) que la estrategia de combate de su país en ese rubro, presentada recientemente por el Presidente Barack Obama, se enfoca, por un lado, en reducir el consumo de estupefacientes en Estados Unidos y, por el otro, en abordar el problema como un tema de salud, y no solo como un problema relacionado con el sistema penal.

De hecho, según cifras oficiales, luego de alcanzar su punto máximo a finales de la década de 1970, el consumo de estupefacientes en dicha nación se ha reducido de un tercio.

De acuerdo con la encuesta nacional sobre consumo de drogas y salud, en los últimos cinco años, el consumo de cocaína se ha reducido en un 40% y el número de muertes por sobredosis de dicha droga se ha reducido un 41% en el mismo período.

A pesar de esos logros, las autoridades no piensan abandonar la penalización de los delitos relacionados con el tráfico y comercialización de drogas.

El 2011, las agencias de aplicación de la ley desmantelaron 612 organizaciones narcotraficantes.

De esa forma, Estados Unidos se acoge al concepto de “tercera vía” o punto medio con respecto a la política de control de drogas en las Américas (que conjuga esfuerzos policiales, con tratamiento de adictos y disminución de la demanda), y reconoce que las redes criminales trasnacionales no desaparecerían si se legalizasen las drogas.

Esto porque, según las autoridades estadounidenses dichas organizaciones son negocios diversificados, que obtienen ganancias de la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el fraude financiero, el contrabando, el robo de propiedad intelectual y otros delitos.

Por eso, en el Plan de acción que la Cicad aprobó el 2011, algunos temas como el refuerzo de las instituciones de justicia penal son clave. Esto incluye no solo a la policía, sino también, entre otros, a los fiscales, al poder judicial, a las herramientas de recolección de información, al análisis, y a la protección e intercambio de datos.