El presidente Álvaro Colom expresó que, Paul Stockton, subsecretario de Defensa para Asuntos de América Latina de EE. UU., le informó que en el Congreso estadounidense había un “avance importante” para restablecer la ayuda militar a Guatemala.

Estados Unidos le impuso seis condiciones a Guatemala para que en el 2013 en el Congreso de aquel país se “considere la solicitud” de restablecer el financiamiento y asistencia para el Ejército guatemalteco, embargados desde 1977, por violaciones a los derechos humanos, lo que en Guatemala creen se podrá lograr.

El presidente Álvaro Colom expresó que durante su visita a Washington, este martes último, Paul Stockton, subsecretario de Defensa para Asuntos de América Latina de EE. UU., le informó que en el Congreso estadounidense había un “avance importante” para restablecer la ayuda militar a Guatemala.

De hecho, este miércoles se divulgó la nueva redacción —estado en que se encuentra el estudio de la solicitud de Guatemala de levantar el referido embargo—, generada desde el Congreso estadounidense, donde se evidencia la flexibilización de la postura de esa nación.

A diferencia de respuestas anteriores, en el nuevo texto figura una fecha. “Los conferencistas —congresistas que analizan presupuestos— considerarán la solicitud para financiamiento de asistencia para el Ejército de Guatemala en el 2013”, refiere la nota.

Misión definida. La nota oficial explica que ese año se discutirá la petición guatemalteca si se cumplen seis condiciones, entre ellas que el Ejército tenga “una misión definida”, si se coopera con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y si se divulgan todos los archivos militares relacionados con el conflicto armado interno.

También se pide respetar los derechos humanos y cooperar “con las investigaciones civiles y el enjuiciamiento de los casos de oficiales activos y jubilados —de baja—”.

El mandatario guatemalteco afirmó que algunos de estos requerimientos son los mismos del 2008, de los cuales varios se han cumplido, como la apertura de archivos y que no haya ningún reporte de violaciones de derechos humanos, así como la cantidad de incautaciones al narco, los que, según Colom, superan los Q93 mil millones.

“Entendemos que el año entrante sería un año importante para que el Congreso liberara esta cooperación, que podría entrar a operativizarse en el 2013”, indicó Colom.

Según las autoridades, además de los avances en la materia, lo señalado por EE. UU. es en respuesta a una carta enviada por el gobernante en octubre último, más otra remitida por congresistas estadounidenses que visitaron Guatemala.

Se convirtio en “mito”. Otto Pérez Molina, presidente electo, afirmó que se trata de una flexibilización de parte de EE. UU. y que al Ejército de Guatemala le serviría el acceso a programas proporcionados por aquel país, pero que se encuentran restringidos; sin embargo, refirió que es un asunto que se ha convertido en un “mito”.

“Esto se ha convertido más en un mito que otra cosa. El armamento en estos 30 años no se ha necesitado de EE. UU. y pareciera que en ese país no se han dado cuenta de que el Ejército —guatemalteco— ha cambiado muchísimo en todos los sentidos”, añadió.

Pérez Molina afirmó que Guatemala puede comprar cierto tipo de equipo a otros países y no exclusivamente a EE. UU.

Dijo que al levantarse el embargo, el país podrá acceder a tres programas estadounidenses: el primero, sobre entrenamiento militar; el segundo, para venta de equipo y armas a mejores precios, y el tercero, sobre asistencia militar donde se pueden hacer donaciones.

El sucesor de Colom aseguró que en los seis puntos planteados ha habido avances, por lo que a partir del 2012 esas áreas serán fortalecidas y considera que no tendrá problema con ninguno de los requisitos.

Para el nuevo gobierno. Héctor Rosada Granados, negociador de los acuerdos de paz y estudioso del Ejército, manifestó que las condiciones impuestas son elementos en la agenda de seguridad y son una petición para el próximo gobierno.

“Siento que dar una opinión de que este es un apoyo o una restricción al siguiente gobierno es complicado. Para mí es un mensaje al nuevo gobierno, donde establece la posición norteamericana respecto de la posibilidad de levantar un embargo”, explicó Rosada.

El analista dijo que condiciones como enjuiciar a militares activos o retirados son “buenas”, pero que eso en particular es tarea del Ministerio Público y el sistema de justicia