Campagnoli fue enviado a juicio político por una comisión evaluadora, acusado de modificar el objeto de la causa en la que el empresario Lázaro Báez pasó de denunciante a imputado, lo que según la acusación equivale a violar a las reglas procesales.

Buenos Aires. El juicio político comenzará una semana después de la fecha prevista inicialmente. La postergación obedeció a que el fiscal Guillermo Marijuán, el primero de la lista de testigos citados, decidió prestar declaración testimonial a través de un escrito, y no en persona.

De acuerdo a diversas versiones de prensa, Marijuán es considerado "testigo clave en la causa contra Campagnoli, ya que investigó la causa por cuyo mal manejo se acusó" al ahora suspendido fiscal.

Campagnoli fue enviado a juicio político por una comisión evaluadora -a instancias de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó-, acusado de modificar el objeto de la causa en la que el empresario Lázaro Báez pasó de denunciante a imputado, lo que según la acusación equivale a violar a las reglas procesales.

En abril pasado, Marijuán aconsejó el cierre de la causa por no encontrar causales para imputar a Baéz y el 7 de mayo último el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó al empresario en la causa iniciada por una supuesta extorsión al financista Federico Elaskar para que vendiera una financiera de su propiedad.

El proceso de enjuiciamiento tiene 180 días hábiles para realizar el proceso a partir de su apertura, plazo que vence a mediados de octubre.

En la treintena de testigos ofrecidos por la defensa figuran el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral; el juez civil y comercial Ricardo Recondo; y los consejeros de la Magistratura, Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi.

Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento son Ernesto Kreplak (representante del Poder Ejecutivo); Daniel Adler (fiscal general); Rodolfo María Ojea Quintana (Senado); Juan Octavio Gauna (Corte Suprema); Rodrigo Sebastián Bacigalupi (Colegio de Abogados); Adriana Olga Donato (Colegio Público de Abogados) y María Cristina Martínez Córdoba (Defensoría General).