Juany Guzmán León, coordinadora académica regional de Flacso, indicó que los tres ejes evaluados en estos estudios fueron: las relaciones de los ciudadanos con sus autoridades, la convivencia política entre actores sociales y el cumplimiento a la legislación.
La percepción de la ciudadanía sobre la falta de respuestas a sus necesidades es creciente, señala un estudio regional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sobre gobernabilidad y convivencia política en Centroamérica y el Caribe.
El análisis revela que existe un creciente distanciamiento y desconfianza en la institucionalidad pública en Latinoamérica.
“La gobernabilidad alude a la capacidad de un sistema político, no a la circunstancial de un gobierno, de articular las demandas de una sociedad y darles respuestas oportunas y eficaces”, detalla el sociólogo Felipe Burbano de Lara, en la antología de ensayos Democracia, cultura política y gobernabilidad, de Flacso.
Juany Guzmán León, coordinadora académica regional de Flacso, indicó que los tres ejes evaluados en estos estudios fueron: las relaciones de los ciudadanos con sus autoridades, la convivencia política entre actores sociales y el cumplimiento a la legislación.
En cuanto a la relación de la población con sus representantes, Guzmán destacó el aumento en la falta de credibilidad.
“Hay gran desconfianza y se ha visto que más bien hay deterioro. La brecha entre ciudadanos y autoridades crece”, dijo.
Visión crítica. La socióloga Claudia Barrientos, coordinadora del estudio para el caso de Guatemala, afirmó que la mayor desconfianza de la ciudadanía se centra en la clase política, en particular en los congresistas, seguido de la Policía Nacional Civil y el sistema de justicia.
“En cambio, la confianza está en los medios de comunicación social y en el procurador de los Derechos Humanos, lo que nos llamó la atención”, expresó. A medida en que aumenta la desconfianza, el sistema se erosiona.
“La razón de la desconfianza es la corrupción a todo nivel: en funcionarios públicos e instituciones del Estado, y la incapacidad de generar políticas públicas de largo plazo que resuelvan los problema más graves”, expresó.
En las relaciones entre grupos sociales advierten que se mantienen bajos niveles de tolerancia y altos niveles de racismo y discriminación.
En respeto a la legislación, según el estudio, existe una percepción de la justicia como “inoperante y parcial”. Se observan avances en el sistema de justicia, “sobre todo en la investigación criminal que se efectúa desde el 2009”, aseguró.
Ámbito regional. La evaluación se hizo a partir de una consulta a nueve mil ciudadanos de la región —2009 y 2011—, así como mediante entrevistas con actores clave en los gobiernos municipales, los parlamentos, sectores académicos y la sociedad civil —2010 y 2012—.
“En algunos países esa brecha también se manifiesta en abstencionismo”, precisó Guzmán. El mayor descrédito es para los congresistas, y el Ejecutivo conserva mayor credibilidad.
En la convivencia política se reconocen avances, aunque preocupan casos específicos como el de Honduras, “en donde se ven deudas enormes, por la violación de derechos e intolerancia”, expuso.
De la investigación llama la atención el manejo de un doble discurso en algunos países “con legislación avanzada y acuerdos internacionales de respeto a derechos humanos, pero que en la práctica, la gente percibe que se mantienen deudas”, indicó Guzmán, como en el caso de Costa Rica, en materia de respeto a la diversidad.
En el tercer eje, respeto a la legislación y acceso a la justicia, “América Latina tiene una deuda enorme, la justicia ni es pronta ni es cumplida; la gente siente no solo que hay mucha corrupción, sino que hay mucha impunidad”, afirmó.
El sistema de justicia es percibido como el espacio donde se pone a prueba la democracia. Guzmán destacó que los países donde el sistema de justicia es mejor evaluado son Argentina, Chile y Uruguay.
En los tres ejes de gobernanza, convivencia política y cumplimiento de la legislación destacó Uruguay, por la legitimidad que ha alcanzado su sistema político.
La desconfianza sobre la institucionalidad pública en general podría favorecer a las instituciones privadas, señalaron las expertas consultadas.
