Las supresiones de puestos anunciadas el jueves pasado por PSA para contrarrestar las pérdidas financieras, podrían llegar a tocar a 20.000 trabajadores directa e indirectamente.

El gobierno busca presionar para que la automotriz revea los despidos, que significarían un duro golpe a la política de protección industrial pretendida por el socialista.

Pero la pelea no sólo es en el marco judicial y en el ámbito Estado-empresa, sino que a medida que pasan las horas eleva la temperatura en el terreno político de Francia.

En su intervención televisiva del sábado, Francois Hollande se mostró sorprendido por el anuncio de PSA que, según aseguró, fue retrasado para darlo a conocer poco después de las elecciones presidenciales y no perjudicar al ex presidente Nicolas Sarkozy en su intento por ser reelecto.

"¿Los dichos de Hollande surgen de una teoría del complot o Sarkozy realizó una verdadera estrategia para desestabilizar al nuevo presidente?", se pregunta hoy el diario Libération.

La respuesta no tardó en llegar y fue a través del ex ministro de Economía de Sarkozy, Francois Baroin, quien en declaraciones a radio RTL descalificó al actual mandatario galo.

"PSA es una empresa privada, el Estado no puede interferir. Es una mala y facilista costumbre la de limpiarse los pies en sus predecesores. Las palabras de Hollande no resisten el análisis. Ahora está la izquierda en el poder y son ellos quienes deben manejar esta situación", enfatizó Baroin.

También otro ex ministro de Sarkozy, Christian Estrosi, fustigó hoy "la mala fe, las mentiras y la demagogia" de Hollande.

"El no es responsable de nada, cada día el mismo estribillo, todo es culpa de Sarkozy. El presidente tiene un enorme desconocimiento sobre la industria automóvil, si nosotros estuviéramos en el gobierno, PSA no cerraría la fábrica de Aulnay-sous-Bois", lanzó Estrosi en la radio France Info.

Las supresiones de puestos anunciadas el jueves pasado por PSA para contrarrestar las pérdidas financieras debido a la caída de las ventas en Europa por la crisis que afronta la zona euro, podrían llegar a tocar a 20.000 trabajadores directa e indirectamente.

Esto, por supuesto, tuvo el efecto de una bomba al haber revolucionado la actualidad y ocupar los principales espacios en los medios de comunicación en pleno período estival.

“El plan de PSA es inaceptable y será renegociado. Fue un shock, un anuncio brutal para los trabajadores, las ciudades y las empresas que viven del sector automotriz. Pero el Estado no dejará que suceda. Es un plan inaceptable”, afirmó Hollande el sábado al ser consultado en una entrevista televisiva.

Hollande, a quien la Corte de Cuentas le recomendó recortar 33 mil millones de euros en 2013 para lograr su objetivo de terminar su mandato en 2017 con déficit cero, precisó que “un plan estratégico para la industria automotriz” será presentado el 25 de julio.

No obstante, para Pierre Mercier, líder sindical de la CGT en la fábrica de Aulnay-sous-Bois (al norte de París) que será cerrada en 2014, las palabras del jefe de Estado son “insuficientes”.

“El único punto en común con Hollande es el reconocimiento de que PSA mintió, pues el cierre de esta fábrica estaba pautado desde 2010. Pero el resto de sus palabras son insuficientes, el Estado tiene todos los medios para prohibir el cierre de la fábrica", aseguro Mercier a la radio Europe 1.

Y agregó que "recientemente prohibió a PSA vender 200.000 autos a Irán, que es el primer mercado internacional de Peugeot. Si puede hacer eso, puede prohibir los despidos”.

En tanto, el secretario general del sindicato Fuerza Obrera (FO), Jean-Claude Mailly, sostuvo hoy que los empleados de PSA “son la variable de ajuste” y “pagan” por los errores del grupo, en declaraciones al canal de noticias BFM TV.

“Está claro que el plan de reestructuración es una purga. No espero anuncios milagrosos por parte del gobierno, pues no se puede hacer cambiar a una empresa privada. Presionar sí, pero no más que eso. Los empleados pagan los errores de estrategia del grupo, ellos son la variable de ajuste”, sostuvo Mailly.

En tanto, una encuesta de Ifop publicada ayer por el diario comunista L’Humanité da cuenta de que la enorme mayoría de los franceses (87%) pretenden que el gobierno agote todas las vías de diálogo para evitar los despidos en PSA.

Sólo el 13% de los consultados sostiene que PSA es una empresa privada y que el Estado no debería intervenir.

A diferencia de Renault, donde el Estado cuenta con el 15% de las acciones, la mayor automotriz francesa es totalmente privada, por lo que el gobierno socialista cuenta con un reducido margen de maniobra que sólo le permitiría oponerse jurídicamente al plan de PSA.

Sin embargo, el nombramiento de Hollande de un experto independiente para evaluar el plan del grupo automotriz y la ayuda que el gobierno anunciará el 25 de julio para el sector debería abrir una vía para una renegociación y presionar con no otorgarle ayudas a las autoridades de PSA “para limitar el impacto”, según el diario Le Monde.

Esta semana promete ser crucial para el primer conflicto interno que debe afrontar el gobierno de Hollande a dos meses de asumir el poder.

Entre este lunes y el miércoles, el ministro de Industria, Arnaud Montebourg, recibirá a los sindicatos y al presidente del directorio de PSA, Phillippe Varin.