Integrantes de las organizaciones dialogaron con autoridades locales para evaluar situación de los derechos humanos de la población y posteriormente elaboraron un informe con los resultados.

Paraguay. Del 2 al 4 de diciembre, una delegación internacional compuesta por 35 personas representantes de organizaciones sociales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay recorrió los departamentos de San Pedro y Concepción para evaluar los alcances y los resultados del estado de excepción.

Los integrantes de las organizaciones dialogaron con las autoridades de la zona para evaluar la situación de los derechos humanos de la población, durante la instalación del estado de excepción, y posteriormente elaboraron un informe con los resultados.

Según el estudio, hubo un sector que protestó por la falta de información oficial sobre los motivos e implicancias del estado de excepción. Constataron que en tanto unos anunciaban un motivo, otros señalaron otras causas.

“Algunas personas manifestaron que el estado de excepción no tiene sentido puesto que el mismo presidente (Fernando Lugo) protege y ampara a este grupo”, señala el reporte.

Los pobladores señalaron, según la evaluación, que los militares se ocuparon sólo de ciertos sitios, especialmente áreas rurales, aunque la misión tuvo información sobre la presencia de tanquetas en las ciudades de Horqueta y Concepción.

“En los sitios rurales se llevaron a cabo allanamientos con un apoyo logístico. Este tipo de intervenciones no se registró en San Pedro”, indicó el informe, que destaca posteriormente que durante los allanamientos se manejó información falsa que afectó innecesariamente a personas, sin capturar a quienes se proponían.

“En ellos usaron la fuerza de forma desproporcional al objetivo y posibilidad real de resistencia de la gente afectada. No se tomaron cuidados con personas adultas mayores, niños y niñas, quienes quedaron traumatizados por la situación”, puntualizó.

El informe menciona que la criminalización de personas campesinas organizadas permitió tomar conciencia de que en Paraguay se les obliga a demostrar su inocencia; ello sale caro y por eso quedan desmotivados y temerosos para seguir participando.

“Las continuas referencias de los medios de comunicación a una 'zona de combate', las afirmaciones sobre desplazamientos militares y enfrentamientos que no han sido corroborados ni por las autoridades ni por los pobladores de la zona, la reiteración sobre hechos que se han presentado de manera muy aislada, así como el excesivo uso de los verbos en modo potencial –'habría, podría, sería, tendría, estaría'- para definir responsabilidades sobre los mismos, han logrado posicionar a los departamento de Concepción y San Pedro, en el imaginario social paraguayo, como una 'zona de guerra'”, expresó el reporte.

Esta situación, que según indican se generó a través de los informes periodísticos, produjeron temor e incertidumbre en los habitantes de la zona, así como en los familiares de los policías y militares que fueron enviados a distintos puntos de los dos departamentos.

Califica de grave la distorsión de la realidad, hecho que dificulta que el gobierno asuma políticas sociales más inclusivas y en beneficio de las comunidades campesinas.

Finalmente, los elaboradores del informe consideran que en este estado de excepción se han violado los derechos humanos, especialmente de la población campesina, razón por la cual no debe prolongarse ni reeditarse.