Asimismo, diversos sectores políticos estiman que interpelarán a las autoridades de gobierno, sobre la intervención a la marcha indígena, para que expliquen las razones jurídicas que impulsaron a tal acción policial.

La Paz. Al menos una veintena de organizaciones sociales, cívicas y políticas en ocho regiones de Bolivia, además de activistas urbanos, repudiaron la intervención policial a la marcha indígena. Parte de ellas anunciaron movilizaciones por la defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Entre los sectores movilizados está la Central Obrera Boliviana (COB), que declaró un paro de actividades para mañana. “No puede gobernarse de esta forma. La COB en su momento pidió al Presidente, con la mayor humildad y sencillez, que vaya a reunirse con los hermanos indígenas en el lugar”, lamentó el ejecutivo de la COB. Pedro Montes.

El conflicto se inició hace 44 días, cuando los indígenas partieron desde Trinidad a La Paz con el objetivo de frenar la construcción de uno de los tres tramos que tiene la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pasa por el corazón del Tipnis.

Este domingo, un contingente policial intervino la marcha indígena con gases lacrimógenos. La represión ocasionó que decenas de marchistas huyan al monte, al igual que varios niños. Esta acción ocasionó el repudio de varias organizaciones, que además de la COB, anunciaron medidas de protesta.

Por ejemplo, el Comité Cívico del Beni declaró un paro indefinido en rechazo a la represión policial contra la marcha indígena. En Trinidad, capital beniana, se instalaron al menos seis puntos de bloqueo, según radio Patujú.

En Beni, en las instituciones públicas y privadas, no se trabajó. Las labores escolares también fueron suspendidas. “Las calles quedaron desiertas”, informó el cívico beniano David Coca. Asimismo, el líder cívico de Pando, Vicente Roca, explicó que convocaron para mañana a un paro cívico departamental.

Universitarios de cuatro departamentos criticaron el accionar del gobierno y pidieron solución al problema. En Cochabamba y Sucre, estudiantes marcharon en repudio a la intervención policial. En La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) convocó a una marcha para hoy como medida de protesta.

“Censuramos y elevamos nuestra radical protesta contra la violenta intervención a los marchistas en la región amazónica de Yucumo”, refiere un pronunciamiento de la casa de estudios superiores. En Santa Cruz, estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se sumaron a la protesta.

Además, en la Basílica Menor de San Lorenzo de Santa Cruz se instaló una huelga de hambre con 17 personas. Piden la renuncia de Evo Morales por la intervención policial a la marcha. La Fejuve cruceña coordina una huelga de hambre.

Los marchistas, dispersos entre las localidades de San Borja y Rurrenabaque, decidieron continuar su caminata hasta llegar a la sede de gobierno, aunque no anunciaron una fecha de partida. Miembros del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) mantienen una vigilia en La Paz y Cochabamba.

Activistas urbanos, como Mujeres Creando, marcharon ayer por las calles de La Paz. Casi un centenar de manifestantes llegó hasta las instalaciones del Ministerio de Gobierno y echó pintura a la fachada de la institución.

Personas vinculadas con la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos, además de decenas de personas que se sumaron espontáneamente, marcharon por calles aledañas a la plaza Murillo. La Policía reforzó la seguridad en la zona.

A estos grupos se sumó la Iglesia Católica, que exigió al gobierno de Morales desistir de la “violencia” y la “represión”. “Condenamos las acciones de intervención y represión al campamento de los hermanos marchistas”, sostuvo el secretario general de la Confederación Episcopal Boliviana, Óscar Aparicio, en una conferencia.

Diversos sectores en Potosí articularon movilizaciones que recorrieron las principales calles de la ciudad. El dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, anunció que marcharán mañana en la capital.

La Central Obrera Departamental (COD) de Oruro lideró una protesta y definirá instalar una vigilia. En Cochabamba, activistas de derechos humanos y del medio ambiente ingresaron y marcharon por la plaza principal.

Similar situación se vivió en Sucre. Diferentes sectores indígenas marcharon por la plaza principal e hicieron escuchar al presidente Evo Morales, quien en ese momento sostenía una reunión con el gobernador Esteban Urquizo, su rechazo a la represión. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) cuestionó el accionar del Ejecutivo en este tema e indígenas de la localidad de Chacaraca (Potosí) anunciaron que marcharán a La Paz. Los jefes de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, anunciaron, por separado, acciones contra el Gobierno.

Paro de 24 horas. La Central Obrera Boliviana (COB) ratificó para mañana el paro de actividades movilizado de 24 horas en respaldo a la marcha indígena, que fue intervenida por la Policía el domingo.

El ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Pedro Montes, pidió a los sectores afiliados a la COB y a la población “demostrar solidaridad con los marchistas indígenas”. “Estamos totalmente indignados de esta situación, pues se ha pisoteado la Constitución y se ha violado la democracia de los bolivianos", afirmó.

El dirigente de los trabajadores en Salud, José González, condenó la “brutalidad policial” en contra de los indígenas y luego advirtió que radicalizarán las medidas de presión si el gobierno continúa con el proyecto de construcción de la carretera entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos sin una consulta previa a los pueblos indígenas.

“La COB y el pueblo boliviano han podido ver cómo Evo Morales y sus ministros actúan como en las épocas de la dictadura militar”, afirmó González.

José Luis Álvarez, dirigente de la Federación del Magisterio Urbano de La Paz, por su parte, llamó a los sectores afiliados a la COB a sumarse a las movilizaciones y ejercer el derecho a la protesta. Montes convocó a una reunión a los sectores sindicales, cívicos y de choferes para articular las medidas.

Beni inicia un paro con bloqueos. Las organizaciones cívicas del Beni declararon un paro de actividades indefinido en protesta por la intervención a la marcha indígena que se opone a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Bloqueos de caminos, como el de Trinidad a San Borja, marcaron la jornada de ayer. “No podemos aceptar esta represión. Parece que estamos en la dictadura, y si no nos pronunciamos, esto empeorará”, afirmó el líder cívico, David Coca.

La decisión del paro se adoptó en instalaciones del Comité Cívico del Beni, en una reunión interinstitucional a la que también asistió el gobernador del departamento, Ernesto Suárez.

En la cita estuvieron los principales dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni y representantes de otras instituciones. Las oficinas públicas y privadas de Trinidad no atendieron a la población. El magisterio también paralizó actividades, según reportó la red ATB.

El Comité Cívico de San Borja, por su parte, decidió declarar un paro para hoy en protesta por la intervención policial contra la marcha indígena. En el encuentro se determinó exigir la renuncia del alcalde Jorge Áñez Suárez, del MAS. Suárez criticó la acción gubernamental contra la marcha, porque derivó en agresiones contra mujeres y niños.

Interpelarán a Llorenti. El oficialismo y la oposición coinciden en que el ministro de gobierno, Sacha Llorenti, debe ser interpelado en Diputados sobre la intervención a la marcha indígena, para que explique las razones jurídicas que impulsaron a tal acción policial. El bloque de legisladores indígenas, por otro lado, analiza retirar su apoyo a la bancada masista.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, indicó que la fiscalización legislativa permitirá aclarar dudas respecto al operativo. “Ayudará a esclarecer los abusos que se suscitaron en la marcha”.

Para el diputado Javier Zavaleta, el ministro Llorenti “debería brindar un informe pormenorizado y detallado de la intervención”. La diputada de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, respaldó la iniciativa. “Nadie sabe quién ordenó la represión. El Ministro de Gobierno debe venir a explicar al Legislativo sobre varios aspectos”, planteó la parlamentaria.

El domingo, un contingente policial de 500 efectivos intervino la marcha indígena en defensa del Tipnis. Zavaleta expresó que también analizan la conformación de una comisión interpartidaria que se encargue de indagar la represión policial.

“Es nuestro deber fiscalizar e investigar estos hechos”, aseguró el legislador, mientras que el diputado indígena (MAS) Bienvenido Sacu señaló que la bancada indígena analizará su permanencia en la bancada oficialista.

Sacu evitó poner fecha a la reunión sobre la suerte de la alianza con el MAS, aunque consideró que será tras la marcha.