Susana Villarán, quien confesó haber recibido dinero de Odebrecht y OAS para financiar su campaña, dijo que no encontraba motivo para que le varíen la orden de comparecencia con restricciones por la de 36 meses de prisión preventiva.

Lima. La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán aseguró que reconoció haber recibido US$3 millones de Odebrecht y OAS para su campaña, para sentirse liberada de un compromiso, pero que ello no significa que se había acogido a la colaboración eficaz. 

Villarán dijo ser consciente de que podría ir a un penal y que estaba preparada para ello, pero que no encontraba motivo para que le varíen la orden de comparecencia con restricciones por la de 36 meses de prisión preventiva.

Durante una en una entrevista a Radio Santa Rosa, la ex alcaldesa respondió a la posibilidad de ir a la cárcel: He estado preparada para eso hace mucho tiempo. He estado preparada para todo y lo he enfrentado con valentía. Ahí donde esté seré la misma Susana Villarán".

Susana Villarán aseguró que solo ella y el ex gerente municipal, José Miguel Castro están involucrados en la recepción de dinero de parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para las campañas de la revocatoria del 2013 y la reelección.

Afirmó que Gabriel Prado, ex gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima entre enero del 2011 y enero del 2013,  no tuvo ninguna vinculación con los aportes que realizaron las empresa brasileñas. 

"Gabriel Prado no tenía ninguna vinculación, yo jamás le hice daño a Gabriel", expresó.

El fiscal Carlos Puma, del equipo especial Lava Jato, pidió 36 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán, José Miguel Castro, Gabriel Prado y otros tres implicados en las presuntas irregularidades en los aportes de Odebrecht y OAS en la campaña del No a la revocación.

La audiencia donde se iba a evaluar la solicitud de prisión preventiva contra Villarán, hecha por el Ministerio Público, prevista para este lunes, fue suspendida para el jueves ya que el fiscal Carlos Puma solicitó 48 horas para presentar nuevos elementos de convicción.

La ex alcaldesa tiene vigente una orden de comparecencia con restricciones desde el pasado 10 de agosto, lo cual le obliga a ir todos los meses a la fiscalía para el control correspondiente, a no ausentarse de Lima, y no variar su domicilio sin previa autorización judicial.