La jueza Patricia Flores dijo que hay evidencia que permite procesar a Efraín Ríos Montt, de 85 años, por la masacre cometida por soldados de fuerzas especiales en la aldea Las Dos Erres.

Ciudad de Guatemala. La justicia de Guatemala dijo este lunes que existen elementos suficientes para que el ex dictador Efraín Ríos Montt enfrente cargos por la masacre de 201 personas en 1982, durante la guerra civil, en un segundo caso de genocidio en su contra.

La jueza Patricia Flores dijo que hay evidencia que permite procesar a Ríos Montt, de 85 años, por la masacre cometida por soldados de fuerzas especiales en la aldea Las Dos Erres.

"Esta juzgadora estima pertinente decretar un procesamiento en contra del acusado por el delito de genocidio regulado en el articulo 376 y delitos contra los deberes de humanidad en el artículo 378 del código penal", dijo Flores.

"Los soldados no actúan si no existe una orden", dijo Flores.

Este caso se suma al que los tribunales abrieron en enero contra el ex dictador, quien gobernó el país por 17 meses entre 1982 y 1983, en el período más sangriento de la guerra, que se prolongó desde 1960 a 1996, enfrentando a las fuerzas gubernamentales con guerrillas de izquierda.

En ese primer caso, Ríos Montt es acusado de ordenar las muertes de al menos 1.700 indígenas mayas durante una ofensiva gubernamental contra los insurgentes.

Su defensa argumenta que el ex mandatario no controlaba las operaciones en el campo de batalla, y que los comandantes eran responsables por la toma de decisiones.

Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas y que examinó las atrocidades de la guerra, concluyó que Ríos Montt ordenó un promedio de 800 asesinatos por mes durante su mandato de 17 meses.

Cinco soldados de un grupo de unos 20 que participaron en la masacre de Las Dos Erres han sido sentenciados a 6.060 años en prisión cada uno por su participación en el cruento episodio.

Las abultadas condenas son simbólicas porque la pena máxima de cárcel en Guatemala es de 50 años.

Los primeros cuatro fueron sentenciados en agosto del año pasado, y el quinto, quien fue deportado desde Estados Unidos, en marzo de este año.