María del Pilar Hurtado es investigada por un escándalo de seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, políticos de la oposición y periodistas.

Bogotá. Una ex directora de la Central de Inteligencia de Colombia, investigada por un escándalo de seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, políticos de la oposición y periodistas, pidió asilo político en Panamá, informó el viernes un diplomático.

El embajador de Panamá en Colombia, Gustavo Anguizola, dijo que la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, presentó este jueves la solicitud de asilo.

"La señora María del Pilar Hurtado presentó formalmente ante cancillería una solicitud de asilo político que en este momento el gobierno nacional está evaluando y oportunamente, a través de las instancias correspondientes, dará a conocer cuál decisión toma", dijo el diplomático a periodistas.

Anguizola sostuvo que no existe un tiempo establecido para dar respuesta a la petición de la ex directora de la Central de Inteligencia de Colombia.

De inmediato no se conocieron los argumentos de Hurtado para solicitar el asilo político a Panamá.

Hurtado afronta una investigación criminal por interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos de la oposición y periodistas que la podría llevar a la cárcel, de acuerdo con fuentes judiciales.

El escándalo de las interceptaciones y seguimientos fue uno de los peores que afrontó el segundo gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, quien logró una alta popularidad en sus ocho años de gestión por la ofensiva militar contra la guerrilla.

La ofensiva, que con el apoyo de Estados Unidos obligó a los rebeldes a replegarse a apartadas zonas montañosas y selváticas, también permitió reducir los secuestros, los asesinatos, los ataques contra la infraestructura económica y mejorar la percepción de seguridad en un país que fue considerado como un estado fallido.

Uribe negó haber ordenado las interceptaciones y seguimientos, pese a que varias de sus más cercanos colaboradores son investigados y fueron sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General.

Una comisión de la Cámara de Representantes aprobó en octubre investigar al ex mandatario para establecer su responsabilidad en el caso.