Eladio Aponte huyó de Venezuela hace dos semanas y buscó refugio en Costa Rica, donde estuvo en contacto con la Dirección de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según funcionarios locales.

Miami. Un juez de la Corte Suprema venezolana que fue removido de su cargo en marzo por ayudar a un narcotraficante ha acusado al gobierno de manipulación sistemática de los tribunales, incluso de interferir en casos de drogas.

Eladio Aponte huyó de Venezuela hace dos semanas y buscó refugio en Costa Rica, donde estuvo en contacto con la Dirección de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según funcionarios locales.

En una entrevista transmitida el miércoles por el canal de televisión Soi TV de Miami, de idioma español, Aponte respondió a la pregunta sobre qué tan contaminado está el poder judicial en Venezuela diciendo: "Yo creo que bastante suficiente y a todos los niveles, mucha manipulación, le dije ahí no sale una decisión sino se consulta, últimamente los tribunales penales antes de cualquier decisión tienen que consultarlo".

La entrevista fue grabada antes de que Aponte dejara Costa Rica el martes a bordo de un avión del gobierno de Estados Unidos, dijo la estación de televisión, sin dar detalles de dónde lo llevó el avión.

Representantes de la DEA en Miami y Washington rehusaron realizar comentarios.

Si las acusaciones de Aponte son verdaderas, Washington podría utilizar cualquier evidencia de corrupción para desacreditar al gobierno del presidente Hugo Chávez, a la vez que surge la posibilidad de que se presenten cargos contra funcionarios venezolanos de alto rango.

Si Aponte accede a cooperar con la DEA, sería el ex funcionario venezolano de mayor rango que testifique sobre corrupción en el gobierno socialista de Chávez.

Estados Unidos acusa al Gobierno venezolano de no prestar atención al narcotráfico y de nombrar a oficiales militares corruptos en altos cargos.

Por su parte Chávez, quien lucha contra el cáncer, dice que Venezuela ha logrado grandes avances en la lucha contra los narcotraficantes que operan a lo largo de su frontera con Colombia y acusa a Estados Unidos de buscar socavar su "revolución".

Robert Serra, un legislador del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela liderado por Chávez, dijo el miércoles a la televisión estatal venezolana que los partidarios de Aponte intentan convertir a una figura desacreditada en una nueva figura célebre de la oposición.

"La oposición venezolana es esa que está loca, que está desfasada, que está disociada y que además pierde los valores de la oposición política y se convierte en esto, en llegar a este tipo de cosas", declaró.

"Es bueno decir que es prófugo de la justicia venezolana, a él le han iniciado un proceso penal, por eso no puedo intervenir sobre los hechos reales del juicio", agregó.

Chávez terminó la cooperación con la DEA en el 2005, en medio de acusaciones de que sus agentes estaban espiando y violando la soberanía de Venezuela, un país productor de petróleo que brinda cerca del 10 por ciento de las importaciones de crudo y combustible de Estados Unidos.

Aponte, de 63 años, dejó Venezuela después de que una audiencia sobre ética de la Asamblea Nacional lo despojó de su cargo como vicepresidente de la Corte Suprema y magistrado de la Corte de Apelaciones.

Ubicación desconocida. Su actual ubicación se desconoce, aunque un funcionario costarricense de alto rango confirmó que Aponte dejó el país centroamericano en la mañana del martes a bordo de un avión del gobierno de Estados Unidos, después de hablar con agentes de la DEA en la capital, San José.

"El señor Aponte, cuanto estuvo en Costa Rica, hizo contacto directo con las autoridades de Estados Unidos (...) incluso con la DEA", dijo el miércoles a Reuters Mauricio Boraschi, director de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica.

Aponte era un abogado militar de bajo perfil cuya carrera despegó como resultado de una purga militar realizada por Chávez después de un breve golpe de Estado en el 2002, durante el cual el presidente fue brevemente defenestrado.

Fue despedido por la Asamblea Nacional después de que surgieron acusaciones de que había autorizado la emisión de una tarjeta de identidad gubernamental especial para Walid Makled, un empresario venezolano encarcelado por cargos de narcotráfico.

Makled, quien es buscado en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, fue arrestado en la vecina Colombia en el 2010 y posteriormente fue extraditado a Venezuela.

En la entrevista de 41 minutos que Soi TV dijo que fue grabada la semana pasada en Costa Rica, Aponte admitió su papel en la entrega de la tarjeta de identidad a Makled, pero dijo que emitió muchas de ellas y no tenía conocimiento de su participación en narcotráfico en ese momento.

Aponte sostuvo que conoció a Makled porque ambos procedían desde la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, donde Makled era un empresario exitoso que participaba en la industria petrolera y en programas sociales del Gobierno.

Sudando profusamente durante toda la entrevista, Aponte admitió que alteró el curso de la justicia y cumplió con solicitudes del gobierno por solicitud de funcionarios civiles y militares que trabajaban en el palacio presidencial.

El sistema de justicia en Venezuela es manipulado por funcionarios del gobierno, afirmó.

"La justicia es una plastilina, digo plastilina porque se puede modelar, a favor o en contra y de ahí mas nunca", sostuvo.

¿Por qué no lo denunció? Cuando se le preguntó por qué no lo denunció antes, Aponte respondió: "Porque creí en un proceso revolucionario", pero agregó que posteriormente comenzó a tener dudas.

Aponte dijo que el Palacio Presidencial frecuentemente le decía cómo resolver casos judiciales en los que el gobierno estaba interesado. Sostuvo que era contactado frecuentemente por Alejandro Castillo, un fiscal federal, a quien Aponte describió como parte de un grupo de funcionarios "preferidos" dentro de la Fiscalía que trabajaban de cerca con el palacio.

Refirió que funcionarios de alto rango del gobierno frecuentemente se reúnen con jueces y fiscales en la oficina del vicepresidente para discutir qué medidas tomar en casos legales que eran importantes para el gobierno.

"De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia. O sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela", afirmó.

En la entrevista, Aponte describió cómo funcionarios de alto rango del gobierno le ordenaron liberar a un oficial del Ejército venezolano, el teniente coronel Pedro Maggino Belichi, quien había sido arrestado en noviembre del 2005 por supuestamente haber ayudado a traficar 2 toneladas de cocaína en el estado de Lara.

Aponte sostuvo que se le asignó el caso y en junio del 2006 el capitán Antonio Morales, un oficial militar que dijo es parte del círculo cercano de Chávez, le ordenó que liberara a Maggino.

El ex magistrado sostuvo que fue contactado por varios otros funcionarios, incluidos el entonces ministro de Defensa general Raul Baduel, quien posteriormente cayó en desgracia y actualmente está en prisión por cargos de corrupción.

Aponte sostuvo que se le dijo que Maggino "era un buen muchacho, que el Presidente está muy interesado en ese caso".

También admitió firmar órdenes para mantener a algunos opositores del Gobierno en cárcel como prisioneros políticos, pero dijo que ahora estaba arrepentido de sus actos. "Asumo mi responsabilidad y si lo hice mal, si lo hice mal asumo mi culpa", refirió.

"Sé lo que me espera (...) y lo que me espera no es nada bueno", agregó.