El testimonio de Eladio Aponte podría allanar el camino para imputar cargos contra aliados del presidente Hugo Chávez. Y ello pondría en apuros al líder socialista y ayudaría a Washington a referirse a él como mandamás de una nación paria.
Caracas/Miami. Un ex juez de la Corte Suprema de Venezuela, quien huyó del país en abril, está cooperando con una unidad de élite de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos concentrada en la búsqueda de los principales traficantes internacionales, según fuentes familiarizadas con el caso.
El testimonio de Eladio Aponte podría allanar el camino para imputar cargos contra aliados del presidente Hugo Chávez. Y ello pondría en apuros al líder socialista y ayudaría a Washington a referirse a él como mandamás de una nación paria.
Estados Unidos ha denunciado durante años que el mandatario venezolano ha hecho caso omiso ante el tráfico de drogas y que funcionarios de su Gobierno están directamente involucrados en este delito, acusaciones que Chávez ha rechazado.
Aponte es uno de seis testigos especiales que cooperan con la DEA en una investigación sobre los presuntos vínculos del Gobierno venezolano con el tráfico de drogas, dijo un ex funcionario estadounidense conocedor del tema.
El caso está siendo tratado por el Grupo 959, una unidad de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), según fuentes con conocimiento directo del caso.
La DEA declinó hacer comentarios sobre el tema.
El Grupo 959 se creó para perseguir a los traficantes en otros países que conspiraban para importar cocaína hacia Estados Unidos.
David Tinsley, un funcionario retirado de la DEA que ahora dirige su propia agencia privada de inteligencia, dijo que el Grupo 959 sólo se podía involucrar en el caso de Aponte si el Gobierno sentía que el ex juez podía ofrecer evidencias poderosas.
"En las manos del 959, él será una herramienta muy efectiva", dijo Tinsley. "Ellos (la división) saben a quién persiguen y por qué", sostuvo.
El Grupo 959 ha manejado investigaciones fundamentales desde Colombia hasta Afganistán.
Estas incluyen la formulación de cargos llevada a cabo en el 2006 contra la cúpula y 43 comandantes de la guerrilla colombiana de las FARC por manejar una red responsable del 60% de la cocaína que circula en las calles estadounidenses, según ex agentes de la DEA.
Tráfico de drogas. Si el gobierno de Estados Unidos presenta cargos contra altos funcionarios venezolanos, haría eco de la acusación efectuada en 1988 contra el líder panameño Manuel Noriega y algunos de sus aliados por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Tropas estadounidense forzaron al año siguiente la salida del poder de Noriega, quien fue juzgado y encarcelado en Estados Unidos.
El gobierno de Chávez ha negado rotundamente las acusaciones en su contra de parte de funcionarios de Estados Unidos y ahora de Aponte.
Es poco probable que el escándalo afecte la campaña reeleccionista de Chávez -quien en octubre tentará un nuevo mandato- que dependerá en gran medida de su recuperación de un cáncer.
Sin embargo, ha provocado una renovada atención sobre las acusaciones que aseguran que el mandatario ha permitido un incremento del tráfico de drogas en Venezuela.
Aponte dijo en abril en una entrevista con SOiTV, un canal de televisión por Internet de Miami, que los aliados de Chávez rutinariamente manipulan el sistema judicial, y acusó a altos funcionarios de participar en el tráfico de drogas.
El ex juez venezolano dijo que recibió la orden de liberar a un oficial del ejército que sería parte del círculo íntimo de Chávez y que había sido detenido por presuntamente participar en el contrabando de dos toneladas de cocaína.
Las acusaciones de Aponte fueron rápidamente respaldas por Luis Velásquez, otro ex juez, quien abandonó Venezuela en el 2006 en medio de una disputa con los aliados de Chávez.
Velásquez dijo que el sistema judicial venezolano y los círculos militares han sido penetrados por el narcotráfico.
Aponte fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo cargos de ayudar a Walid Makled, un empresario sindicado como uno de los mayores narcotraficantes de la región.
El juez voló a Costa Rica donde se puso en contacto con agentes de la DEA antes de llegar a Estados Unidos a mediados de abril en un avión pagado por el gobierno estadounidense.
Juicio al 'capo'. Makled está siendo procesado por tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinato, cargos que él niega.
El empresario ha dicho que pagó millones de dólares a funcionarios del gobierno y oficiales militares que lo ayudaron a obtener lucrativas concesiones, entre ellas una que le dio el derecho a manejar el principal puerto de Venezuela.
"Si yo soy narcotraficante, toda esa gente que trabaja conmigo son narcotraficantes", dijo Makled en una entrevista en el 2010 desde una celda en Colombia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a Venezuela.
A pesar de negar su participación en el tráfico de drogas, Makled dice tener numerosas pruebas de los vínculos del Gobierno con el tráfico de cocaína.
Makled también dijo a periodistas el mes pasado que realizó pagos mensuales a Aponte porque los dos eran socios en una aerolínea.
Simpatizantes del Gobierno repitieron con regocijo las afirmaciones, en aparentes intentos de impugnar la credibilidad de Aponte. Sin embargo, los críticos indicaron que éstas subrayan los estrechos lazos del comercio de drogas con el poder judicial.
Aponte no hizo comentarios sobre las declaraciones.
La cocaína que ingresa a Venezuela proviene de Colombia, el mayor productor mundial de esta droga, para luego llegar a Europa, Estados Unidos y África.
Estados Unidos ya ha acusado a varios funcionarios venezolanos, entre ellos al ministro de Defensa Henry Rangel, de ayudar a la guerrilla colombiana en el contrabando de cocaína, congelándoles sus activos en territorio estadounidense y prohibiendo a ciudadanos de ese país hacer negocios con ellos.
"Se ha reportado de manera creíble que miembros de las fuerzas de seguridad y del Gobierno (venezolano) han participado o facilitado actividades de narcotráfico", dijo la Casa Blanca el año pasado en una evaluación anual sobre cooperación mundial en la guerra contra las drogas.
El Gobierno de Chávez ha rechazado las declaraciones de Aponte y ha dicho que el juez "vendió su alma" a la DEA.
"Han diseñado toda una compaña en la que intentan asociar nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro ministro de Defensa, al narcotráfico, intentan vincularlo al delito", dijo Blanca Eekhout, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y estrecha colaboradora de Chávez.
Chávez, quien detuvo la cooperación con la DEA en el 2005 tras acusar al organismo de haber violado la soberanía de Venezuela, se burló en repetidas ocasiones de las acusaciones estadounidenses de que su Gobierno es indulgente con las drogas.
El mandatario ha dicho que Venezuela ha devuelto en numerosas ocasiones a las autoridades de Estados Unidos a traficantes y que realiza frecuentes incautaciones de narcóticos.
Guerra de carteles. El Departamento de Estado estadounidense estimó en un informe divulgado este año que entre 161 y 212 toneladas métricas de cocaína "probablemente salieron de Venezuela rumbo a destinos mundiales en el 2011".
El tráfico de drogas desde Venezuela se extiende hasta África Occidental y Europa del Este, según el informe, con cargamentos que, saliendo del país sudamericano llegan a destinos tan lejanos como Guinea Bissau o Ucrania.
Velásquez, el juez que hizo eco de las acusaciones de Aponte, dijo que había estallado una guerra entre los cárteles venezolanos, entre ellos uno formado por altos oficiales militares conocidos como el "Cartel de los Soles".
El nombre proviene de la insignias que adornan las hombreras de los generales venezolanos.
"Chávez debería saber que entre sus generales favoritos hay narcotraficantes", dijo en una entrevista televisiva Velásquez, quien vive actualmente en Costa Rica. "Hay comprobantes de que han recibido dinero, de que sus familiares tienen depósitos en el exterior, de que se han hecho llegar los depósitos y nadie hace nada", agregó.
Velásquez dijo que la guerra entre los cárteles desencadenó los asesinatos de los generales Jesús Aguilarte y Wilmer Moreno, confidentes cercanos del presidente que fueron baleados en marzo y abril.
El Gobierno venezolano se ha mantenido en silencio sobre los dos asesinatos lo cual sorprende porque las víctimas participaron en el fallido golpe de 1992 que lanzó a Chávez a la fama.
Los oficiales que participaron en ese intento de golpe son algunos de los aliados más cercanos de Chávez y funcionarios más poderosos de Venezuela.
Un portavoz de la principal unidad de investigación policial de Venezuela dijo que el grupo todavía no había determinado un motivo para los asesinatos.
