Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, asumió uno de los 10 escaños que le otorgó a las FARC en un acuerdo de paz firmado en 2016, pese a la oposición del Gobierno del presidente Duque.

Bogotá. Un exlíder de la desmovilizada guerrilla de las FARC, acusado de narcotráfico y solicitado en extradición por Estados Unidos, se posesionó este martes como congresista pese a la oposición del Gobierno de Colombia y a una larga disputa judicial entre tribunales.

Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, asumió uno de los 10 escaños que le otorgó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un acuerdo de paz firmado en 2016 con el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.

El ex negociador en Cuba y líder de la desmovilizada guerrilla no se había posesionado en julio pasado como legislador tras su captura en abril de 2018, acusado de estar implicado en un plan para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, valoradas en unos US$320 millones.

"Voy con ganas de trabajar en todas las instancias que se pueda para lograr darle firmeza al acuerdo de paz", dijo Hernández, de 52 años y quien sufre de ceguera, minutos después de asumir como legislador en la Cámara de Representantes.

El exlíder rebelde permaneció detenido en una cárcel de Bogotá hasta mediados de mayo, pero cuando salía de la prisión por orden de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto con las FARC, fue recapturado luego que aparecieron nuevas pruebas en su contra.

Sin embargo, dos semanas después la Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad luego que otro tribunal le reconoció su condición de congresista. Pese a su posesión como legislador, Hernández continúa bajo investigación por parte de la Corte Suprema por las acusaciones de narcotráfico.

La fiscalía sostiene que Hernández negoció el cargamento de cocaína después de la firma del acuerdo, a finales de 2016, por lo que no debe tener los beneficios de la JEP que contempla la no extradición y penas más benévolas que la justicia ordinaria.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha calificado al exlíder de las FARC como "un mafioso" y el lunes pidió a la Procuraduría General suspenderlo de su cargo como congresista. Estados Unidos calificó a mediados de mayo de "lamentable" la decisión de dejar libre a Hernández.