El ex militar chileno Pedro Barrientos será juzgado en Estados Unidos por la "tortura y ejecución extrajudicial" del cantautor Víctor Jara en 1973, informaron fuentes judiciales.

Una corte judicial del distrito de Orlando (Florida) acordó juzgar al exmilitar y aceptar la demanda presentada en su día por Joan Jara y Amanda Jara, esposa e hija del cantautor, respectivamente.

Sin embargo, el tribunal rechazó juzgar a Barrientos por "crímenes de lesa humanidad". Una de las organizaciones a cargo de la demanda, el Center for Justice and Accountability (CJA), aplaudió la decisión adoptada por el tribunal, pero señaló que es "decepcionante" que hayan sido excluidos los crímenes contra la humanidad.

"El asesinato de Víctor Jara y miles de crímenes cometidos bajo el régimen de Pinochet deberían ser llamados como lo que son, un crimen de lesa humanidad", aseguró Almudena Bernabeu, abogada del CJA. "La familia Jara está un paso más cerca de tener su día en la corte", expresó el CJA, que presentó la demanda en 2013 junto a los familiares del cantautor.

Demanda llega después de 40 años. Barrientos, teniente retirado del Ejército chileno y ciudadano estadounidense, había solicitado en marzo pasado desestimar esta demanda por considerarla carente de "jurisdicción". "Llegó 40 años después de que sucedieran los hechos, 24 después de que se radicara en Estados Unidos y 23 después de que AgustoPinochet fuera removido de su cargo", señala Barrientos en los documentos de la corte.

El ex militar, con residencia en Deltona, en el norte de Florida, es acusado en Estados Unidos de "tortura y asesinato" de Víctor Jara durante la "detención masiva de miles de intelectuales y líderes políticos".

Jara fue asesinado cinco días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 después de ser torturado durante varios días en el Estadio Chile de la capital, donde permanecía detenido junto a centenares de partidarios del derrocado Gobierno de Salvador Allende (1970-1973).

El gobierno chileno solicitó en 2012 a EE.UU. la extradición de Barrientos y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se ha constituido como parte querellante en el caso.