En una carta pública, el ex ministro recuerda que "durante estos dos últimos años" se ha visto "inmerso en un largo y penoso proceso judicial ampliamente conocido" al ser procesado por el artículo 162 del Código Penal vigente que, bajo el título de "abuso genérico de funciones".

Montevideo. El ex ministro de Economía de Uruguay, Fernando Lorenzo (2010-2013), procesado por su gestión de la quiebra de la aerolínea estatal Pluna, anunció este miércoles que no asumirá la banca de diputado para la que fue electo para "no recibir beneficio alguno" por la futura modificación del Código Penal uruguayo.

Perteneciente al oficialista bloque de izquierdas Frente Amplio, Lorenzo fue elegido parlamentario de la nueva Cámara de Representantes, que se instaurará en febrero de 2015, en las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre.

En una carta pública, el exministro recuerda que "durante estos dos últimos años" se ha visto "inmerso en un largo y penoso proceso judicial ampliamente conocido" al ser procesado por el artículo 162 del Código Penal vigente que, bajo el título de "abuso genérico de funciones", condena una conducta "que no describe ni especifica".

En abril de 2014 la jueza del crimen organizado Adriana de los Santos aceptó la petición del fiscal Juan Gómez y procesó por "abuso de funciones" al presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Fernando Calloia, y al exministro Fernando Lorenzo tras la quiebra de la aerolínea Pluna a mediados de 2012.

"Ahora el Parlamento Nacional, con el voto de legisladores de los dos principales partidos políticos se apresta a modificar el Código Penal. Específicamente -y recogiendo los postulados de la academia- se propone reformar la redacción del artículo 162", señala Lorenzo, que entregó su renuncia como ministro al presidente José Mujica en diciembre de 2013.

Al respecto, añade que "hace muchos años que diversas fuerzas políticas y la inmensa mayoría de la academia proponían cambiar la redacción de ese artículo porque en materia penal las imprecisiones y generalidades afectan el indispensable rigor y las garantías con las que debe ser aplicada la ley penal".

Lorenzo señala que "este cambio sería un avance importante en una materia que es siempre extremadamente delicada, tanto para el controlador de la función pública como para el contenido del derecho penal", pero matiza que "dadas las previsibles consecuencias" que el cambio en la normativa implicaría en su situación procesal, se opone a ese cambio".

"No quiero de ninguna manera recibir beneficio alguno derivado de esas circunstancias", agrega.

Al respecto, sobre la aprobación de este ajuste en el nuevo Código Penal, aun en pleno proceso legislativo, el ex ministro reconoce que "podría impedir que la justicia se expidiera" y con ello dejaría un "manto de sospecha" acerca de la forma en que ha procedido.

Además, sostiene que podría verse "impedido como ciudadano" del derecho a escuchar el dictamen de la justicia, en la que siempre ha expresado su "confianza".

"En estas circunstancias, he tomado la resolución de no acceder a mi banca. No se puede ser representante nacional bajo la eterna sospecha sobre mi persona y mi accionar, añade, convencido de que no se siente "en absoluto culpable" de haber cometido ningún acto en su condición de ministro que merezca una condena.

La que involucra a Lorenzo y Calloia se centra en la frustrada subasta de sus aviones como parte del proceso de liquidación de la aerolínea estatal Pluna y en un aval millonario que otorgó el BROU a una desconocida empresa supuestamente española, Cosmo, para adquirir las aeronaves en una rocambolesca operación que no fructificó.