El que fuera número dos de la guerrilla colombiana de las FARC, alias "Iván Márquez", reapareció este jueves en un video para anunciar "una nueva etapa de lucha" armada "en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz".

Bogotá. Las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC anunciaron este jueves que empezarán una nueva etapa de su lucha armada en Colombia en respuesta al incumplimiento de los acuerdos de paz, amenazando con prolongar el conflicto que azota al país sudamericano desde hace más de medio siglo.

El anuncio lo hizo en un largo video Iván Márquez, quien durante más de cuatro años negoció en Cuba un acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos para acabar un conflicto interno que ha dejado más de 260.000 muertos y millones de desplazados.

"Todo esto, la trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica, nos obligaron a regresar al monte", dijo Márquez en el video en el que apareció vistiendo un traje verde oliva desde, según aseguró, la selva amazónica.

"Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana", afirmó rodeado por otros jefes rebeldes. "Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente, por eso la lucha continúa".

Además de Márquez, en el video aparece el prófugo ex congresista del partido político FARC Seuxis Pausias Hernández, solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y otros antiguos comandantes de línea dura del grupo rebelde como Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa".

De inmediato no se produjo ninguna respuesta del gobierno del presidente Iván Duque al anuncio. Aunque Duque intentó fallidamente hacer cambios al acuerdo de paz a través del Congreso, ha apoyado la reincorporación de los excombatientes.

"Las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avizoran, estamos con la paz", dijo en su cuenta de Twitter el presidente del Partido FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como "Timochenko".

"El acuerdo de paz nadie, nadie lo va a hacer trizas y si así lo hacen, recogeremos cada pedacito y lo reconstruiremos", agregó.

No al secuestro. Las disidencias, que mantienen el acrónimo FARC, dijeron que buscarán coordinar esfuerzos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que sus acciones tendrán como objetivo "la oligarquía excluyente y corrupta" con una nueva modalidad operativa en la que solo responderán a la ofensiva militar evitando atacar a policías y soldados.

Márquez afirmó que en la nueva fase del levantamiento de armas excluirán el secuestro como fuente de financiación y que dialogarán con empresarios, ganaderos, comerciantes para buscar su contribución económica, aunque mantendrán el cobro de recursos a las economías ilegales y a las multinacionales.

En el largo manifiesto, el jefe rebelde anunció que lucharán contra la corrupción y la impunidad, se opondrán al uso de la fracturación hidráulica para explotar hidrocarburos y que buscarán la instalación de un nuevo gobierno que este a favor de la paz incluyendo una asamblea constituyente para impulsar los cambios políticos y sociales que necesita el país.

El acuerdo de paz de 2016 permitió que más de 13.000 integrantes del grupo guerrillero, incluidos casi 7.000 combatientes, depusieran las armas, se reintegraran a la sociedad e incursionaran en la política.

Pero con el paso de los meses muchos se apartaron del acuerdo alegando incumplimiento y comenzaron actividades de narcotráfico y minería ilegal en selvas y montañas, en donde también han atacado a efectivos de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con fuentes de seguridad, las disidencias de las FARC al mando de Márquez cuentan con al menos 2.200 combatientes.

Aunque el acuerdo de paz permitió reducir considerablemente los asesinatos, las masacres, los secuestros y los ataques contra las Fuerzas Armadas y la infraestructura económica del país, la conservadora sociedad colombiana continúa dividida entre quienes apoyan la reincorporación de los exguerrilleros a la sociedad y quienes quieren verlos en prisión.