Los seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, políticos y periodistas conformaron uno de los principales escándalos que afrontó durante sus dos mandatos Uribe.

Bogotá. El ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, asumió la responsabilidad política y jurídica por las interceptaciones telefónicas ilegales durante su gobierno, y anunció que está dispuesto a que el Congreso y la Corte Suprema de Justicia lo investiguen.

El anuncio del ex mandatario se produjo un día después de que la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos al ex secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, una persona cercana a Uribe.

Los seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, políticos y periodistas conformaron uno de los principales escándalos que afrontó durante sus dos mandatos Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010.

"Ha sido mi costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada. Esta ocasión no puede ser la excepción", dijo el ex mandatario en un comunicado fechado en Ciudad de Guatemala.

"Yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta. Por ende, me pongo a disposición del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia", aseguró Uribe.

El ex mandatario dijo que Moreno lo único que hizo fue investigar al Departamento Administrativo de Seguridad y a la Unidad de Información y Análisis Financiero por las denuncias que medios de comunicación habían hecho sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados.

Uribe aseguró que el ex secretario general de la presidencia nunca sugirió actividades ilegales.

El ex mandatario, quien sostuvo fuertes enfrentamientos con los tribunales judiciales de su país, negó anteriormente haber ordenado las labores de espionaje, aunque las investigaciones han llegado hasta algunos de sus más cercanos colaboradores.

Los ex presidentes en Colombia sólo pueden ser investigados y procesados por una comisión legislativa, que históricamente se ha caracterizado por su ineficiencia.

Esa comisión del Congreso está integrada en su mayoría por legisladores que forman parte de una coalición que apoyó a Uribe y que ahora respaldan la gestión del presidente Juan Manuel Santos.