Es la primera vez en la historia de Colombia que la corte llama a declarar a un ex presidente. Los delitos por los que se acusa a Uribe consideran penas de prisión de hasta 12 años.
Bogotá. El ex presidente colombiano Álvaro Uribe llegó este martes a rendir indagatoria a la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por falsa denuncia y presunta manipulación de testigos en un proceso judicial en el que el líder político es acusado de tener vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
Es la primera vez en la historia de Colombia que la corte llama a declarar a un ex presidente. Los delitos por los que se acusa a Uribe consideran penas de prisión de hasta 12 años.
El exmandatario de 67 años, fuertemente custodiado por su equipo de seguridad, llegó a la sede del tribunal en el centro de Bogotá en compañía de su abogado, pero se abstuvo de conceder declaraciones a decenas de periodistas que lo esperaban.
La diligencia judicial podría demorar varios días, dijo Diego Cadena, uno de sus abogados.
Uribe, quien durante su gobierno entre 2002 y 2010 lanzó una ofensiva militar contra las guerrillas izquierdistas, ha cuestionado la independencia de la corte y ha declarado su inocencia repetidamente.
El actual senador y algunos de sus familiares han sido acusados por sus opositores políticos de supuestos lazos con escuadrones paramilitares, pero la actual investigación de la corte es la única que ha avanzado en el tema.
El ex mandatario, un político muy popular en Colombia, es el líder del Centro Democrático, el actual partido de gobierno, y un fuerte crítico del acuerdo de paz que firmó en 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos con la desmovilizada guerrilla de las FARC para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos.
Los escuadrones paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por narcotraficantes, ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista.
Los grupos paramilitares están acusados de cometer violaciones a los derechos humanos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.
