El ex mandatario indicó en una carta a la opinión pública, que pese a que ha sido investigado por todas las instancias durante varios años, no se le ha encontrado vinculación en actos ilícitos.
Lima. El ex presidente Alan García Pérez ha escrito una carta dirigida a la opinión pública, en la cual insiste en que es víctima de una persecución política cuyo objetivo es encarcelarlo para humillarlo y que solo se basa en “rumores” y “especulaciones”.
En la extensa misiva, dada a conocer este miércoles, García brinda una relación de los hechos que, según él, demuestran su inocencia frente a las acusaciones de presuntos actos corrupción.
Exculpado por Pélaez. Recuerda, en ese marco, que en el 2013 el entonces fiscal de la Nación, José Peláez, analizó durante un año sus ingresos, el “único bien inmobiliario” de su propiedad, y cada una de las charlas que dictó como conferencista internacional.
El exmandatario recuerda que, tras ese análisis, Peláez archivó la investigación, tras concluir que no estaba demostrado ningún enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial o lavado de activos.
"Megacomisión". Asimismo, menciona que la “megacomisión”, creada en el Congreso durante el gobierno de Ollanta Humala, concluyó que no se había encontrado indicio o prueba de enriquecimiento ilícito.
No obstante, cabe recordar que García consiguió invalidar las conclusiones de la “megacomisión” con una acción de amparo, cuyo argumento era que no había sido citado correctamente por este grupo parlamentario.
En su momento la prensa publicó que el juez Jesús Soller, quien había inclinado la decisión de la sala votando a favor del amparo, tenía vinculaciones con el Apra.
Comisión Lava Jato. En su carta pública, García también recuerda la decisión de la comisión Lava Jato del Congreso de no incluirlo en su informe final, debido a la ausencia de indicios o pruebas que lo relacionen con ilícitos.
La exclusión de García del informe final generó una fuerte polémica entre los defensores del expresidente y un sector del Congreso, según el cual habían indicios suficientes para investigarlo por las obras concesionadas a la empresa Odebrecht durante su gobierno.
Pablo Sánchez. El líder aprista recuerda, igualmente, que en junio de este año el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó archivar las nuevas acusaciones en su contra por haberse establecido que no tenía vinculación con delitos.
En su misiva critica que ninguno de los fiscales de inferior categoría respete las decisiones de dos fiscales de la Nación, y recuerda que Marcelo Odebrecht ha declarado bajo juramento que nunca habló de nada ilegal o ilícito con él.
Odebrecht y Barata. García también asegura que Jorge Barata dijo que nunca habló con él de algún soborno y que cualquier apoyo que brindaron al Apra en una elección fue sin conocimiento del expresidente.
Sobre ese punto, mencionó que no tuvo nada que ver ni estuvo enterado de la coima cobrada por Jorge Cuba, exviceministro de Transportes de su gobierno, para favorecer a Odebrecht en las obras del Metro de Lima.
Sobre la conferencia que brindó en el 2012, en Brasil, por la cual cobró US$100.000 presuntamente provenientes del fondo 2 de Odebrecht, García mencionó que ese año “nadie en América Latina tenía conocimiento de las acciones delictivas y de soborno que esa empresa protagonizaba, pues solamente se conocieron en el 2016”.
Impedimento de salida. García Pérez también señala en su carta que ha asistido a 48 citaciones de jueces y fiscales sobre las obras de Odebrecht en el Perú, y reiteró el argumento de que una fuente del Ministerio Público le informó que se iba a aprobar la orden de impedimento de salida del país, orden motivada, según afirma, por “disposición malévola”.
“Luego se nos informó que, para la siguiente audiencia, la número 50, el 19 de noviembre se aplicaría una medida de detención preliminar en la propia audiencia para luego extenderla como detención preventiva por 36 meses, en una suerte de emboscada inaceptable”, comentó.
Al recordar que Migraciones había dispuesto orden de impedimento de salida del país en su contra, antes de aprobarse la medida en el Poder Judicial, el exmandatario dijo que de ese modo se “usa abusivamente de los procedimientos penales para humillar a los adversarios políticos (…)”.
“(…) de esa manera se tiene una detención de 36 meses que es una sentencia en sí misma ampliable a otros 36 meses mientras se hace la investigación. Pero todo ello coincide con el calendario electoral y con las acciones del gobierno”, señala.
“Todos estos hechos demuestran la persecución política, así como el nivel de prepotencia y temor que hoy vive el país. Son hechos, frente a rumores con los que se quisiera afectar mi libertad, lo que no permitiré sin defensa”, concluye.
García Pérez declaró el sábado que se allanaba a la orden de impedimento de salida del país en su contra y que consideraba un honor quedarse en el Perú para colaborar con las indagaciones.
No obstante, la misma noche del sábado ingresó a la residencia del embajador de Uruguay en Lima para solicitar asilo diplomático, trámite actualmente en curso.
Es la segunda vez que García pide protección a otro país. Tras el autogolpe de Estado de 1992, el líder aprista se asiló en la embajada de Colombia y solo volvió al Perú cuando los delitos por los cuales era acusado (enriquecimiento ilícito) prescribieron.
