Según el escrito enviado por su abogado, el ex mandatario informó que la documentación necesaria para acreditar la legalidad de sus actos administrativos cuando fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo, seguirá siendo entregada a la fiscalía.

Lima. El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski informó a la Comisión Lava Jato del Congreso que proporcionará al Ministerio Público (MP), la información concerniente a su actuación como funcionario público durante el Gobierno de Alejandro Toledo.

Según el escrito enviado por su abogado, César Nakasaki, Kuczynski solicitó al citado grupo de trabajo que precise que no tiene la condición de investigado y acepte que la documentación necesaria para acreditar la legalidad de sus actos administrativos cuando fue premier y ministro de Estado, la seguirá entregando a la fiscalía.

En su pedido, el ex mandatario remarcó que, al no ejercer un cargo público, en la actualidad, ostenta la condición de un ciudadano común, por lo tanto y, de acuerdo a la Constitución, la investigación de una persona por la posible vinculación a un delito corresponde al MP y no a una comisión parlamentaria. 

Su abogado, César Nakasaki, subrayó que el Congreso solo investiga a personas en antejuicio, es decir, funcionarios públicos, “lo que no es este caso”, anotó. 

“Cuando Pedro Pablo Kuczynski fue presidente de la República y se investigaba la institución presidencial, participó y colaboró brindando todo tipo de información, sin embargo, al convertirse en un ciudadano (tras su renuncia a la presidencia), la Constitución señala que a una persona común lo investiga la fiscalía, no una comisión parlamentaria”, explicó. 

Aseveró que su patrocinado seguirá colaborando con las investigaciones que efectúe el MP “y eso lo hemos informado a la Comisión Lava Jato con este pedido”, añadió.

Consideró como una práctica deformada por el Congreso citar e investigar a ciudadanos que no ejercen una función pública.

“No vamos aceptar que haya dos investigaciones. La doble investigación, una por el Congreso y otra por la fiscalía, está prohibida por la Constitución y todos los tratados internacionales de derechos humanos”, apuntó.