El ex presidente peruano está siendo investigado por un presunto delito de tráfico de influencias agravado. En este sentido, la fiscal general de Perú no ha descartado que se le investigue por más delitos si surgen nuevas pruebas.

Lima. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra deberá testificar ante la Fiscalía el 10 de marzo, en el marco de la investigación que se desarrolla en su contra por presuntos delitos de corrupción relacionados con el conocido como 'caso Richard Swing', según ha informado la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos.

En una entrevista para una revista, recogida por la emisora RPP, Ávalos ha detallado que la investigación ha avanzado desde que Vizcarra fuera destituido por el Congreso peruano en noviembre de 2020.

"El señor Martín Vizcarra es vacado (destituido) en noviembre como es de público conocimiento (...) en estos momentos está siendo investigado y el 10 de este mes debe estar declarando", ha trasladado.

El ex presidente está siendo investigado por un presunto delito de tráfico de influencias agravado. En este sentido, la fiscal general de Perú no ha descartado que se le investigue por más delitos si surgen nuevas pruebas.

"Con las pruebas que yo tenía al momento daban para el delito (tráfico de influencias), eso no impide que si en el transcurso del tiempo se dan los elementos, yo pueda denunciarlo", ha avisado.

La Justicia investiga una presunta trama corrupta en la contratación del cantante Richard Cisneros para impartir cursos motivacionales por un montante de 155.000 soles (unos US$42.000) debido a su supuesta amistad con Vizcarra.

La Fiscalía Anticorrupción del país ha encontrado indicios de delito contra el expresidente, ya que Cisneros habría utilizado su "amistad o cercanía" para acceder a contratos "innecesarios" a juicio de la fiscal encargada del caso. El caso provocó que el Congreso de Perú presentara una moción de censura en su contra, que superó.

No obstante, Vizcarra fue finalmente destituido por su presunta implicación en una trama de corrupción por la que habría recibido 2,3 millones de soles (unos US$621.882) a cambio de contratos de obras públicas cuando ejercía como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.