La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue uno de los puntos más polémicos en la negociación de cuatro años en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora convertidas en un partido político, y dictaminará sobre casos de asesinatos, masacres, secuestros, desaparición forzada, reclutamiento de menores y abuso sexual, entre otros.
Bogotá.- Excomandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, encabezados por Rodrigo Londoño, pidieron perdón este viernes al comparecer por primera vez ante un tribunal de Colombia que los citó para reconocer la verdad y su responsabilidad en el secuestro de miles de personas durante el conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue uno de los puntos más polémicos en la negociación de cuatro años en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora convertidas en un partido político, y dictaminará sobre casos de asesinatos, masacres, secuestros, desaparición forzada, reclutamiento de menores y abuso sexual, entre otros.
De 31 citados, solo asistieron Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada. Jesús Santrich compareció a través de una video conferencia desde la cárcel en la que está privado de la libertad acusado de narcotráfico.
"Estoy aquí a su disposición con una profunda emoción de ver cómo se cristaliza ese sueño que tejimos en La Habana", dijo Londoño, quien fue el máximo comandante de las FARC y ahora preside el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
"Pedimos perdón, haremos hasta lo imposible porque puedan conocer la verdad de lo ocurrido, asumiremos las responsabilidades que nos correspondan, contribuiremos hasta donde sea posible con su reparación, y haremos todo cuanto esté a nuestro alcance porque hechos de esa naturaleza jamás vuelvan a repetirse", aseguró el partido de la FARC en una declaración.
Los otros 27 excomandantes de las FARC fueron representados por abogados. Entre los citados figuraban 6 de los 10 exguerrilleros que ocuparán curules en el Congreso en virtud del acuerdo de paz firmado en 2016, para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y más de siete millones de desplazados.
"El inicio de esta etapa es un acontecimiento histórico que constituye un paso fundamental en los esfuerzos para poner fin a un conflicto armado", dijo durante la diligencia la magistrada Julieta Lemaitre. "La contribución a la verdad, que se inicia en este caso, es un pilar supremo para la satisfacción del derecho de las víctimas a obtener verdad plena sobre lo ocurrido", agregó.
Los líderes de las FARC, ahora un partido político que conservó su acrónimo, están obligados a testificar ante la JEP por su participación crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
Miles de secuestros y millonarios rescates. De acuerdo con la Fiscalía General, entre 1993 y 2012 las FARC cometieron más de 8.100 secuestros y recibieron unos US$1.250 millones. El secuestro fue una de las principales fuentes de financiación de la exguerrilla, junto con el narcotráfico y la extorsión, según fuentes de seguridad.
La JEP impondrá penas restrictivas de libertad de entre cinco y ocho años a los que reconozcan su responsabilidad y confiesen los delitos. En tanto, quienes sean condenados sin asumir sus responsabilidades serán sentenciados a penas de cárcel de entre 15 y 20 años.
El tribunal busca encontrar la verdad y proporcionar reparaciones a las víctimas, incluida la devolución de tierras y bienes robados.
Unos 13.000 integrantes de las FARC, incluidos unos 7.000 combatientes, se desmovilizaron y entregaron sus armas a las Naciones Unidas en cumplimiento del acuerdo de paz.
Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que cometieron violaciones a los derechos humanos también pueden comparecer ante la JEP y obtener beneficios de reducción de las condenas.
El presidente electo Iván Duque, quien reemplazará a Juan Manuel Santos a partir del 7 de agosto, quiere sentencias más severas para los exlíderes de las FARC, además de la prohibición de ocupar cargos políticos hasta que respondan por sus crímenes ante la justicia, como parte de los ajustes que busca hacer a los acuerdos de paz.
Ante la imposibilidad de abordar todos los crímenes a lo largo del conflicto armado, el tribunal solo conocerá de algunos. Los magistrados seleccionarán los que consideren más representativos de las atrocidades cometidas para emitir sentencias rápidas.
El proceso podría revelar verdades incómodas, incluido el nexo entre la élite política y económica del país con grupos armados, como los escuadrones paramilitares de ultraderecha que surgieron en la década de 1980 financiados por terratenientes, comerciantes y narcotraficantes para protegerse de los ataques de la guerrilla.
